La ‘ley mordaza’ sancionó a más de 16.000 vigueses con 12 millones de euros

La Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida popularmente como “ley mordaza” y que ha sido avalada recientemente por el Tribunal Constitucional, ha recaudado desde su entrada en vigor 21,3 millones de euros en multas en toda la provincia, más de la mitad, unos 12, en el área viguesa.

La estadística que maneja el Ministerio de Interior según las tramitaciones realizadas por la Subdelegación del Gobierno desde 2015 hasta 2019 refleja un número considerable de sanciones a lo largo de dicho periodo. Más de 16.000 vigueses han tenido que hacer frente al pago de una multa, de entre 100 a 30.000 euros por incumplir algunos de los 44 preceptos incluidos en la polémica normativa. En la provincia, el número total de sancionados alcanza los 28.169.

La falta de información sobre todas y cada una de las cuestiones sancionables y el escepticimo sobre su aplicación hizo que hasta 2018 el número de expedientes tramitados despegara al alza, llegando ese año al máximo número de sanciones registradas hasta la fecha y cayendo con posterioridad el pasado año hasta situarse a niveles de 2016 o 2017. El consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública (sin tráfico de drogas) , así como la desobiendiencia a los agentes de autoridad, siguen siendo las infracciones graves más frecuentes, si bien en el último año hubo un incremento respecto al uso o exhibición de armas prohibidas sin licencia, más de medio millar de individuos fueron “pillados” por este motivo, frente a los 326 de 2016.

En cuanto a las infracciones leves, la causa más común de expediente se refiere a las faltas de respeto a miembros de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. No obstante, este tipo de comportamientos (cuando no tienen reproche penal) tienden a la baja, así como los daños en inmuebles públicos, la segunda infracción leve que más expedientes genera en Vigo y la provincia y que se redujeron en 2019. La Subdelegación del Gobierno aplica esta normativa a través de los funcionarios policiales.

Ocupación de viviendas, edificios o espacios públicos

Uno de los artículos más controvertidos y que fue objeto de recurso por parte de diputados del PSOE ante el Tribunal Constitucional es el referente a la ocupación de una vivienda o edificio contra la voluntad del propietario así como la vía pública por parte de la venta ambulante.

Este tipo de infracciones también generaron expedientes sancionadores en la provincia en estos tres años y medio, en concreto un total de 36, que supusieron el pago en su mayoría de 100 euros al estar entre la sanciones consideradas leves. Respecto al uso no autorizado de imágenes de agentes de autoridad o miembros de las fuerzas y Seguridad del Estado, también objeto de recurso y sobre el que el Constitucional sólo revocó la autorización previa a la difusión, las multas se incrementaron. Hasta el año pasado, no se habían sancionado estas conductas, pero en 2019 ya se registraron media docena con una cuantía de 3.606 euros.

En general, el último ejercicio del que se tienen datos, el referente al año pasado, refleja un descenso en el número de infracciones respecto a 2018, cuando se llegó al récord de multas con 8.289 en toda la provincia y una cuantía recaudada de casi 6,5 millones. Hasta el momento, la multa más cuantiosa se tramitó en 2016, por valor de 30.001 euros que fue impuesta a una persona por realizar haces de luz a conductores.

Animales ‘feroces’ sueltos y abandono de mascotas

Entre los artículos sancionables que incluye la Ley de Seguridad Ciudadana se encuentran los que hacen referencia al abandono de animales domésticos en situación que pone en riesgo sus vida así como dejar sueltos a ejemplares ‘feroces’ o ‘dañinos’. Ambas conductas están tipificadas como infracciones leves, con un coste de entre 100 a 600 euros. Durante el pasado año, no hubo ninguna sanción en este sentido, mientras que en 2018, fueron casi una veintena las tramitadas a nivel provincial.

Tampoco hubo multas el ejercicio pasado la oferta de servicios sexuales en la vía pública en lugares transitados o cercanos a centros escolares o de afluencia de menores, frente a años anteriores.

A falta de una balance oficial respecto a 2020 todo hace indicar que habrá importantes fluctuaciones derivadas de la pandemia. Los tres meses de confinamiento supondrán una reducción máxima de actuaciones articuladas en la normativa referentes a desórdenes públicos, daños o consumo en las calles. Los casos de desobediencia por contra podrían incrementarse al estar vinculados al estado de alarma y las infracciones detectadas al respecto.