La Mancomunidad anuncia medidas en el conflicto del GES

La Mancomunidad del Val Miñor va dando pequeños pasos en firme para solucionar el conflicto laboral surgido entre los trabajadores del Grupo de Emergencias Supramunicipal, GES, desde hace al menos tres años y que les valió para recibir una sanción de Inspección de Trabajo por valor de 25.000 euros por no haber mediado en el problema.

El alcalde de Gondomar y presidente de turno, Paco Ferreira, anunció en el pleno celebrado ayer que se imposibilitará el acceso a dos de los involucrados, que en la actualidad están de baja, a la base ubicada en rúa Paradellas sin autorización previa del coordinador del servicio. Una medida de alejamiento y preventiva que según afirmó Ferreira tomará “por su cuenta y riesgo” y que comunicará a los trabajadores por escrito. De este modo tratará de poner tierra de por medio a la situación de tensión mantenida entre los dos bandos definidos, sobre todo y teniendo en cuenta los últimos informes emitidos que advierten de un riesgo real para la integridad física de los integrantes del GES. Por el momento la comisión de seguimiento del caso se reunirá la próxima semana para elaborar un documento “que arranca de unos hechos probados” con el que determinarán las acciones a tomar con la posibilidad de abrir un expediente disciplinario a los dos trabajadores que ahora están con una incapacidad temporal.

Asimismo los corporativos aprobaron asumir el pago con la abstención del BNG de la sanción impuesta en abril por Inspección de Trabajo a la Mancomunidad por inacción de 25.000 euros tal y como recoge el acta de denuncia emitida en abril, que al abonarse sin realizar reclamaciones tiene una bonificación del 40%. Los municipios miñoranos acordaron asumirla a partes iguales, 5.000 euros, que deberán de aportar con la máxima brevedad posible.

Socorristas

Otro de los puntos tratados en la sesión plenaria celebrada ayer miércoles fue la relativa a los fondos necesarios para proceder a la contratación de la plantilla de socorristas compuesta por 30 profesionales y un coordinador, que fue aprobado por unanimidad. De este modo Nigrán y Baiona deberán de aportar 32.600 euros cada uno a lo que se sumará la subvención de la Xunta. Este año cabe esperar que existan menos dificultades para cubrir las plazas ofertadas gracias a la docena de profesionales formados por Nigrán.