Dos años de cárcel y ocho de inhabilitación para Louzán por la Operación Patos
Vigo
El expresidente de la Diputación y la actual delegada de la Xunta en Pontevedra, condenados por prevaricación y fraude en una subvención para obras en el campo de fútbol de Moraña que ya estaban ejecutadas. Luisa Piñeiro dimitió ayer.
Los dos únicos políticos que permanecieron investigados por una de las piezas de la denominada ‘Operación Patos’ de presunta corrupción iniciada en Vigo han sido condenados. El Juzgado de lo Penal 3 de Pontevedra ha impuesto dos años de cárcel y ocho de inhabilitación para el expresidente de la Diputación y actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán; y para Luisa Piñeiro, exalcaldesa de Moraña y hasta ayer delegada de la Xunta en Pontevedra. Ambos, por los delitos de prevaricación y fraude.
Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza considera probado que ambos cometieron irregularidades para otorgar 86.311 euros a una constructora para compensarla por un sobrecoste en las obras del campo de fútbol de Moraña. Por estos hechos, los acusados fueron juzgados el pasado mes de noviembre de 2020.
En concreto, en la sentencia con fecha de este viernes, el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra condena a dos años de cárcel al que fuera presidente de la Diputación con el PP -formación de la que pidió la baja en 2016- por conceder una subvención de 86.311 euros para realizar unas obras en este campo de fútbol "que ya estaban, en su mayor parte, ejecutadas con anterioridad".
Louzán, que fue considerado culpable de un delito de prevaricación en concurso con otro de fraude, también ha sido inhabilitado para empleo o cargo público durante ocho años.
Asimismo, la magistrada ha condenado a otros dos años de cárcel y a ocho de inhabilitación para empleo o cargo público, como cooperadores necesarios del delito de prevaricación y autores de un delito de fraude, a la exalcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro (hasta ahora delegada de la Xunta en Pontevedra) , y al entonces director de Infraestructuras de la institución provincial.
A la misma pena de prisión -dos años- ha sido sentenciado el administrador y un empleado público de la adjudicataria del proyecto, así como el arquitecto que lo firmó, quien también ha sido inhabilitado para obtener subvenciones y ayudas públicas durante cuatro años. La magistrada, además, dictamina un año de prisión y a dos de inhabilitación para obtener ayudas públicas a cada uno de los dueños de las dos constructoras que accedieron a participar en el procedimiento negociado sin publicidad.
La delegada dimite y ambos anuncian recurso
La delegada de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, anunció su renuncia a todos los cargos públicos que ostenta poco después de notificarse la sentencia condenatoria. Piñeiro esgrimió que a pesar de que la sentencia no es firme no quiere "perjudicar" a la Xunta, y además comunicó su baja en el PP, del que era secretaria de organización en la provincia de Pontevedra. Avanzó, en todo caso, que recurrirá el fallo del juzgado para defender su "honorabilidad" y su inocencia, ya que reiteró que "en todo momento" su actuación fue "correcta.
Por su parte, el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán anunció también que recurrirá el fallo. En un comunicado, Louzán recalcó que su actuación en las obras del campo de fútbol de Moraña "se rigió por el único interés de buscar el beneficio de los ciudadanos".
Críticas del PSdG y del BNG por la corrupción
Las críticas políticas tras conocerse la sentencia condenatoria no se hicieron esperar. Mientras el PSdG pidió el cese fulminante de la delegada de la Xunta en Pontevedra, que ya renunció poco después y comunicó su baja del partido, el BNG extendió la condena a todo el PP.
El vicesecretario general del PSdeG, Pablo Arangüena aseguró en un comunicado que “Feijóo no puede seguir conviviendo con la corrupción y con las irregularidades” y manifestó que el PP convirtió la Diputación en un “nido de caciquismo”.
El diputado del BNG Luis Bará, por su parte, aseguró que la sentencia supone "una condena al PP" y a "la política de nombramientos" del presidente de la Xunta,Alberto Núñez Feijóo y a las prácticas irregulares y fraudulentas que caracterizaron durante mucho tiempo la política" de la Diputación.
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