El limbo del cuidador tras morir la persona dependiente

Durante 16 años, Belén Feijóo Álvarez (60 años) dedicó su vida al cuidado de su hijo Olegario, “Ole”, enfermo de esclerosis. Tras el diagnóstico, Belén abandonó su puesto de trabajo como comercial y, como tantas otras cuidadoras no profesionales, su día a día estuvo marcado por la atención constante, el desgaste físico y la renuncia a una carrera laboral propia, siempre desde el amor de ser madre. “Mi hijo nunca estuvo encerrado en casa, siempre lo sacábamos incluso antes de tener el elevador en el portal”, relata sentada en el sofá de su casa. A comienzos de este año, tras el fallecimiento de su hijo al complicarse una infección, a su juicio, mal detectada y curada, su realidad dio un giro brusco al descubrir que no tenía derecho a cobrar la prestación por desempleo.

Durante ese tiempo, Belén estuvo acogida a la Ley de Dependencia por la que su hijo cobraba una prestación no contributiva. Cotizaba a la Seguridad Social, pero bajo una condición que desconocía, y es que esas cotizaciones solo se tienen en cuentan para la jubilación y no generan derecho a paro. Cuando acudió a solicitar el paro, descubrió que no tenía acceso a ella. “Estoy en el limbo”, resume.

La prestación que recibía estaba vinculada directamente a su hijo. Con su fallecimiento, esa ayuda desapareció. A continuación, intentó acceder al Ingreso Mínimo Vital, pero tampoco fue posible, ya que los ingresos de su unidad familiar, debido al trabajo de su marido como taxista autónomo, la excluían por los baremos empleados por el Ministerio.

Mientras tanto, arrastra las secuelas físicas de 16 años de cuidados intensivos. Problemas en la espalda y las rodillas, además de osteoporosis, limitan sus opciones laborales. “¿Quién te contrata con la espalda mal, las rodillas mal?”, se pregunta. Aun así, insiste en su voluntad de trabajar y rehacer su vida profesional. No reclama ayudas sino una oportunidad, la de poder trabajar para seguir cotizando y jubilarse al cumplir la edad que le corresponda.

El proceso para intentar demostrar su situación tampoco es inmediato. Aconsejada por su abogado, actualmente recopila información para acreditar las consecuencias físicas derivadas del cuidado de su hijo. “El abogado lo que necesita es que yo recopile informes médicos”, explica. Pero los tiempos administrativos y sanitarios dilatan cualquier avance. “Todo eso lleva tiempo, se alarga”, añade.

Sentada en el sofá del salón de su casa, Belén solo tiene palabras de cariño y recuerdo para su Ole. “Lo que más importa es mi hijo”, repite varias veces. Por eso le ofreció dejar de trabajar para centrarse íntegramente en sus cuidados, que con el avance de la enfermedad fueron cada vez más exigentes, algo de lo que hoy en parte se arrepiente al verse en su situación actual. “De haberlo sabido… habría contratado una persona y seguiría trabajando”, lamenta.

El impacto no es solo económico. Belén siente que no ha tenido derecho a llorar la muerte de su hijo, eje central de su vida durante más de una década, al verse encerrada en este laberinto burocrático.