La Liga vuelve a la carga contra los bares de Vigo por piratear los partidos

No solo la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) sigue muy de cerca la actividad de los bares, también lo hace La Liga que ha vuelto a la carga contra del fraude y la piratería en la difusión no autorizada de los partidos. Su batallón de inspectores actúa de forma camuflada haciendose pasar por clietntes que piden su consumición mientras se muestran atentos al televisor. Pero más que en el partido que se está difundiendo, lo que hacen es comprobar si la emisión es legal.

Lo explicó ayer uno de estos inspectores en un juicio por delito leve, celebrado en Instrucción 7 contra la anterior propietaria y el actual por la difusión de dos partidos en enero y febrero de este año.

La propia entidad pidió la condena de los dos acusados, a los que atribuye un daño de 744 euros, es lo que solicita de indemnización, además de una condena a uno de dos multas de 900 euros y a la otra coacusada una de la misma cuantía.

Ambos negaron haber estado en el local el día de los hechos, por lo que eludieron cualquier responsabilidad sobre esa transmisión. El inspector afirmó que comprobó los tres indicios claros de que eran partidos que estaban emitiendo de forma pirata, porque en la pantalla no aparecían los logotipos, ni el ‘fingerprint’, el código necesario, así como el que la propia productora que tiene los derechos realiza de forma aleatoria a lo largo del encuentro en algunos casos mediante una escaleta que solo conoce la operadora y La Liga.

Contratar este servicio supone, según se supo en la vista, un pago de más de 500 euros al mes, una cantidad que dependiendo de la zona donde se encuentre ubicado el establecimiento equivaldría a una parte muy importante de la cuota del alquiler, un gasto inasumible para determinados locales de hostelería.

La ofensiva de la entidad es cada día mayor hasta el punto de bloquear webs para evitar el pirateo, ya que una de las maneras es que alguien que esté suscrito lo difunda por internet a usuarios mediante pago o que se utilice un contrato residencial para uso en hostelería.