La “ley mordaza” recaudó tres millones en Vigo y provincia pese a bajar las multas

Ocho años después de que entrara en vigor la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada como la “ley mordaza”, las sanciones por infracción siguen generando ingresos millonarios a las arcas del Estado, a pesar de haber pisado el freno en multas.

Solo en Vigo y el resto de la provincia en el último ejercicio del que se tienen datos oficiales, el 2022, se recaudaron 3,2 millones de euros en las 4.864 sanciones impuestas, tal y como recoge el Ministerio de Interior. La cifra pese a ser abultada es prácticamente la mitad que hace dos años, cuando se alcanzaron los seis millones. Entonces, en pleno año covid, se dispararon las infracciones referentes a la desobediencia a la autoridad (entonces se multiplicaron por veinte). Fue un año atípico, teniendo en cuenta que había un control policial sin precedentes para vigilar el confinamiento y las medidas sanitarias impuestas.

A partir de ahí, la tendencia siguió a la baja, con un 2021 donde las multas supusieron unos ingresos de 4,2 millones, es decir un millón más que en 2022.

Los intentos por reformar la norma en la última legislatura no llegaron a buen puerto manteniéndose algunos de los artículos sobre los que el debate no prosperó. Entre ellos se encontraba el relativo a la desobediencia a la autoridad cuando no se considera delito. Esta falta es precisamente una de las que más multas generó en Vigo en el mencionado periodo, junto con las faltas de respeto a los agentes. La propia Policía ya alertaba de un aumento en este tipo de situaciones que derivan en algo más grave, los delitos de atentado a la autoridad, cuando de las palabras se pasa a los hechos.

Sin embargo, la infracción más habitual fue la del consumo de drogas en establecimientos o transportes públicos, que supuso el grueso de la recaudación en multas, superando los dos millones de euros.

En la lista de actuaciones sancionables se encuentran también los desórdenes públicos, la colocación de obstáculos en la vía pública, además de los relacionados con el transporte irregular o fabricación de explosivos.

Desde subirse a monumentos a hacer fotografías a los agentes en la calle

La media durante los ocho primeros meses del año fue de unos 300.000 euros recaudados en 30 días, una cantidad que comenzó a reducirse, junto al número de sanciones a partir de septiembre hasta desplomarse en el mes de diciembre, con solo 25.369 euros en sanciones. La diferencia entre unos meses y otros es notable, resaltando los periodos vacaciones como los de menor número de infracciones registradas.

En cuanto al tipo de acto cometido, el cultivo o plantación de drogas tóxicas y estupefacientes en lugares visibles y cuya entidad no llega a la categoría de delito fue uno de los que supuso el pago más cuantioso de los registrados a lo largo de 2022. En este caso, la persona que infringió esta norma tuvo que hacer frente al abono de un total de 877 euros.

Las mayores multas

Respecto a otro de los artículos que también fue objeto de críticas dentro de esta ley, que entró en vigor en 2015, la del uso de imágenes de agentes de autoridad o de miembros de fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado supuso una única multa de 601 euros.

Otros 300 euros tuvo que pagar una persona sancionada por la retirada de vallas o elementos móviles que fueron colocados en un perímetro por las fuerzas policiales, mientras que otras cuatro hicieron frente a 200 euros de sanción tras haber sido interceptados escalando en monumentos o edificios sin autorización con cierto riesgo de causar algún tipo de daños materiales o personales.