Piden cárcel por un fraude de tres millones con el contrabando de pollo en Vigo

El supuesto fraude de tres millones de euros mediante importación fraudulenta desde Vigo de pollo congelado procedente de Brasil sentará en el banquillo a un empresario local y a un funcionario de la Agencia Tributaria en Aduanas que trabajaba en el control de entrada de productos a Zona Franca. El fiscal les acusa de los presuntos delitos de falsedad en documento oficial y contrabando, al empresario como autor y al técnico como cooperador necesario, y solicita penas de cinco y dos años de cárcel e inhabilitación respectivamente. Los hechos, que serán juzgados a finales de noviembre en el Penal 2 de Vigo, tuvieron lugar entre enero de 2010 y noviembre de 2011.

Según el escrito de acusación el administrador de una empresa de comercio al por mayor de carnes, huevos, aves y caza, con “la intención de conseguir un beneficio económico de carácter ilícito”, introdujo en la Zona Franca de Vigo 142 partidas de pollo congelado con origen de Brasil, con un peso de 1,7 toneladas y destinadas a la importancia en Europa. El ministerio público sostiene que de esas partidas, la mayoría eran cortes de pollo sin hueso o pechuga de pollo sin hueso y solamente 25.935 kilos del total eran pollo con hueso, con un arancel muy inferior. De esta forma, asegura el fiscal, en la mayor parte de las partidas, utilizó a una empresa intermediaria, de manera que la factura que presentaba en la Zona Franca estaba expedida por ésta y no por el productor de origen. En dicha factura, la descripción de la mercancía no especificaba si los trozos de pollo eran con o sin hueso para evitar comprobaciones y cotejos en aduanas. Una vez que la mercancía llegaba al puerto de Vigo y entraba en Zona Franca, en las oficinas de la empresa el acusado extendía supuestamente en forma fraudulenta el documentando de identificación haciendo constar un tipo de mercancía que no era la real. Para ello, la acusación pública asegura que el empresario contó con la colaboración del funcionario técnico de aduanas, que “sin hacer una mínima comprobación de la documentación que debía presentar el administrador, ni realizar una apertura de bultos, hizo constar y a sabiendas de su falsedad aranceles irregulares.

Junto a la pena de prisión, se pide una multa de 3 millones para el principal acusado y otros 3 de responsabilidad civil de manera solidaria entre ambos.