Juzgados en Vigo por educar en casa a su hijo: “El sistema perjudica al niño"

La Fiscalía solicitó ayer penas de 1.800 euros de multa para cada uno de los dos progenitores de un menor de 9 años al que desescolarizaron para educar en casa. Les acusa de un delito de abandono de familia al considerar que hubo, por su parte, un incumplimiento del deber asistencial. “Es un absentismo en toda regla, muy bien trabajado”, dijo la fiscal durante el juicio celebrado ayer en el Penal 1 de Vigo, asegurando que la causa de los padres para adoptar esa decisión no se sostiene, “no me gusta el sistema por mi forma de pensar”.

Los padres admitieron ayer haber remitido la solicitud a la Xunta para poder educar a su hijo en casa, algo que les fue denegado, porque tal y como aseguró la inspectora, “solamente se estudia en supuestos muy concretos como es la enfermedad o convalecencia y siempre va un profesional a casa o al hospital”.

En este caso, según declararon ambos, decidieron retirar a su hijo del colegio en el que estaba matriculado, el cuarto, porque no estaban conformes con el sistema educativo, “tiene un problema endémico que genera bastantes problemas que perjudican a nuestro hijo”.

La madre aseguró que el niño volvía de clase en tensión, nervioso y hasta se hacía pis encima. Y relató cómo una vez le dijo a la profesora que le dolía la barriga y no le hicieron caso hasta que vomitó.

Por su parte, el director del centro declaró que el pequeño tenía problemas para socializar, mientras la inspectora rechazó el plan de estudios de los padres, que no alcanza los mínimos exigidos. Aseguró que ninguno de los padres es profesional de la docencia, algo que los dos admitieron asegurando que esa no es su intención y alegando que el niño socializa en extraescolares y los fines de semana. A este respecto la perito aseguró que esta decisión limitará al menor porque “no le dan la opción de elegir sino que todo viene dado por los adultos”. El director contó que los padres no estaban de acuerdo con algunas conmemoraciones, como el Carnaval, mientras en el plan en el hogar tampoco el pequeño tenía vacaciones de Navidad.

La defensa pidió la libertad al considerar que los padres no cometen delito, “el deber de los padres es el de dar educación no escolarización ” y que la asistenta social no vio desprotección ni vulnerabilidad en el pequeño.