Un juzgado de Vigo 'tumba' la urbanización de lujo en Cabo Estai

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo anuló la licencia que permitió dividir un terreno de la calle Antonio Cominges, en Cabo Estai (Oia), dentro del ámbito en el que se proyectaba la construcción de chalés en primera línea de costa. El tribunal concluye que el permiso fue otorgado sin cumplir los requisitos exigidos por la normativa urbanística. La autorización, concedida por el Concello el 18 de junio de 2020, habilitaba la parcelación en cinco fincas más otra de cesión, paso previo para el desarrollo de la promoción inmobiliaria.

La magistrada estima íntegramente el recurso presentado por un particular y considera que la parcelación no podía autorizarse porque las fincas no estaban delimitadas por viales existentes o previstos, una condición indispensable en este tipo de procedimientos.

La sentencia se apoya en el Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) de 2019, que no fijó la alineación de un vial público necesario para la delimitación de las parcelas. En ese documento únicamente figuraba un “sendero a pie”, según recogía el informe del secretario municipal, por lo que el juzgado concluye que la licencia no debió concederse. El fallo descarta, no obstante, que se haya vulnerado el Plan de Ordenación del Litoral.

La controvertida urbanización de Cabo Estai fue objeto de polémica y de varios procedimientos judiciales desde que comenzaron los trámites para levantar los chalés en esta exclusiva zona del litoral vigués. Las obras llegaron a paralizarse tras recursos presentados por la asociación vecinal de San Miguel de Oia, que cuestionaba tanto la construcción de un vial de acceso al mar como la legalidad del conjunto del proyecto.

En abril de 2024, la Gerencia de Urbanismo levantó la suspensión cautelar al considerar ajustadas a derecho las licencias, apoyándose en informes técnicos y jurídicos municipales, aunque no se realizaron obras. Ahora, los vecinos de la zona afirman sentirse satisfechos con esta sentencia, aunque no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).