Una baja por violencia sexual en el SAF, accidente laboral

Los episodios de carácter sexual sufridos por una trabajadora de un Servizo de Atención no Fogar (SAF) de la provincia por parte de un usuario de dicho servicio desembocaron en un baja tras un diagnóstico de ansiedad y depresión. Ha tenido que ser una resolución judicial de la sala de lo Social 7 de Vigo la que reconozca que esa baja, iniciada en febrero de 2023, fue un accidente de trabajo.

La resolución, del 1 de septiembre de este año se impone a la resolución de la Seguridad Social de marzo de 2024 que consideraba que su proceso de incapacidad temporal se deriva de enfermedad común al no constatar la relación directa de su patología con su trabajo habitual. La jueza sí considera acreditado el vínculo entre lo que le ocurrió a la empleada durante su trabajo y la baja médica iniciada ese mismo día y señala, atendiendo a la propia Ley de la Seguridad Social que una patología previa no impide la consideración de accidente de trabajo cuando se produce un agravamiento como consecuencia de la actividad laboral.

En este caso concreto, se recoge que la trabajadora comunicó a la empresa y al Concello haber sufrido acoso sexual durante la prestación del servicio, aunque no se activó el protocolo. Además la CIG había presentado una denuncia en la Inspección de Trabajo por estos hechos, constatando que existían antecedentes de episodios cualificados en los partes de trabajo como “violentos”, sin que se produjera una revisión de evaluación de riesgos ni de adaptación de medidas preventivas, por lo que propuso una sanción de 24.586 euros a la empresa por incumplimiento en materia preventiva. Las trabajadoras de este servicio llevan años denunciando públicamente las situaciones a las que se enfrentan y las dificultades para que se reconozcan sus circunstancias laborales. Hace solo un año, una de ellas moría de forma violenta en Porriño en una de las viviendas en las que trabajaba y tras denunciar acoso sexual.

“Este servicio no puede ser un cajón desastre”

Pedro Pérez, secretario de Organización da CIG-Servizos, que revindica medidas para garantizar la prevención y protección efectiva en los SAF, asegura que “hay más trabajadoras en la misma situación, pero para muchas es difícil denunciar, tienen miedo a perder el trabajo o a ver cómo reducen sus jornadas y por tanto su sueldo ya muy reducido y callan”. El sindicato sigue reivindicado que este tipo de violencias sexuales sean reconocidas por la Seguridad Social como accidente laboral “porque son situaciones que se producen por su trabajo, no son enfermedades comunes, pero lo cierto es que ahora hay que ir a la Justicia”. Para Pérez, este servicio “no puede ser un cajón desastre. No se hacen los filtros necesarios y no puede ser que una persona con una determinada patología que requiere de un recurso específico se le adjudique la ayuda a domicilio, lo que supone un riesgo para las trabajadoras". En este caso, la denuncia penal se archivó por inimputabilidad del usuario que atacó a la trabajadora.