El juez ordena al Concello de Vigo que pague ya 10,5 millones a una empresa

El ayuntamiento vigués propuso fraccionar el pago en tres anualidades atendiendo al importe, pero Miraflores se negó en redondo, recordando que la deuda se arrastra desde hace 20 años, y que ya cuenta con varias sentencias favorables sin que hasta el momento haya podido cobrar ni un euro, mientras los intereses siguen incrementándose. En estas condiciones, el alcalde tendrá que realizar una modificación presupuestaria para hacer frente al pago o buscar una alternativa imaginativa.

El anterior intento también se saldó con fracaso de la Administración local, cuando en marzo de 2011 el gobierno local se dirigió al juez para pedir una mora, que no fue admitida, dando entonces tres meses para hacer frente al pago de los 10,5 millones, que incluyen la deuda principal y los intereses que se han ido acumulando. Ese plazo finalizó en junio, pero ya antes el alcalde se remitió al juzgado de lo Contencioso pidiendo fraccionar los pagos. El Concello argumentó entonces los problemas económicos a los que se enfrenta pero este argumento tampoco valió. Según el auto dictado en marzo, se daban tres meses para cumplir con las obligaciones y se advertía de 'apercibimiento a la autoridad o funcionario responsable de la imposición con multas coercitivas por semana de demora en la ejecución' en caso de incumplimiento.

Fuentes de la empresa Miraflores señalaron a este diario que continúan sin tener ninguna respuesta por parte de la Administración local 'ni sabemos cómo van a hacer para pagarnos. Sólo que en teoría no caben más demoras y que a partir del día 22 tendríamos que recibir los 10,5 millones de euros'. Miraflores mantiene su punto de vista: 'Sólo sabemos que se llevaron nuestro terrenos hace 20 años y no los han pagado, otra empresa se habría ido a la ruina'.

La deuda tiene su origen en la cesión en 1992 de una parcela de Miraflores al Concello para agilizar la construcción de la circunvalación, entre la avenida de Madrid y Castrelos. A cambio, Urbanismo se comprometió a traspasar la edificabilidad de que disponía dicho terreno a otro emplazamiento, en el entorno de A Bouza, donde se iban a construir viviendas de protección. La oposición vecinal lo impidió, iniciándose un largo proceso cuajado de avatares con los alcaldes Castrillo y Mariño que incluyó el 'traslado' virtual a Rosalía y Plaza Elíptica y la anulación unilateral a cambio de una indemnización que no aceptó la empresa. Finalmente, Miraflores acudió a los tribunales, que valoró el terreno en 5,1 millones, añadiendo intereses y gastos. El Concello justificó el retraso en que no había vendido patrimonio del suelo -la subasta de terrenos en Rosalía y Plaza Elíptica quedó desierta- para disponer de esta elevada cifra, que supone el 5 por ciento de su presupuesto anual. Sin embargo, el juez mostró dudas de la voluntad de saldar la deuda.

Intereses brutales diarios con la empresa

La deuda que arrastra el Concello con Miraflores y por otras sentencias urbanísticas supone para la Administración local 260.000 euros en intereses anuales (720 euros diarios), una cifra que hay que añadir al principal -la deuda de 12 millones de euros- por dos fallos firmes sobre Miraflores y Paiva. El juzgado falló a favor de ambas entidades en sus respectivos pleitos pero el gobierno local decidió no pagar a las empresas ni tampoco consignar esta deuda en los presupuestos municipales, fiándolo todo a una subasta de terrenos que resultó un fracaso. L a puja quedó desierta por falta de interés en el solar de la Elíptica, de 4.065 metros, valorado en 7,4 millones, y en el de Rosalía, de 3.000, tasado en 5,3. El primero pareció caro y el segundo, inviable, al estar en Rosalía, condicionada por los restos arqueológicos.