Los jueces paralizan los primeros desahucios en Vigo tras los decretos

Los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros están teniendo sus primeras consecuencias en los desahucios. Según confirmaron ayer desde la antigua oficina de notificaciones y embargos de la Cidade da Xustiza, algunos jueces han paralizado ya lanzamientos. Se trata de momento de un número pequeño, entre tres y cuatro, pero que se relaciona directamente con la revisión de los supuestos de vulnerabilidad que establece esta última normativa.

El Real Decreto 29/2026 establece una moratoria para personas que estén en situación de vulnerabilidad, es decir que el gasto en el alquiler más los gastos sean igual o superior al 30% de los ingresos netos de la unidad familiar y que además, no tengan una alternativa habitacional, pudiéndose suspender el proceso por un plazo máximo de cuatro meses.

El tribunal debe requerir a la Administración un informe sobre si se le ha ofrecido una alternativa a esas personas en caso contrario se paralizará también.

Las suspensiones por vulnerabilidad, cuando había menores o personas dependientes ya se estaban haciendo en Vigo, pero ahora, las novedades introducidas con los últimos decretos de vivienda en los que se introduce un nuevo papel de la Administración en la aplicación de los lanzamientos por falta de pago están haciendo que algunos jueces examinen los supuestos para dar los plazos oportunos que establece la normativa antes de proceder al desahucio.

El decreto establece dos meses máximo para que la Administración ofrezca una alternativa habitacional adecuada o si no hacer frente a los pagos que el arrendador reclama, lo que supone la suspensión del procedimiento durante ese tiempo.

La situación también es conocida entre abogados y procuradores, que daban fe ayer de algunas suspensiones de desahucios en las últimas semanas.

No obstante, no se trata de algo generalizado ni masivo, tal y como confirmaron desde la oficina, pero que sí comienza a producirse.

De esta forma, algunos de los procedimientos tendrán que esperar. La gran mayoría de demandas de desahucio en Vigo están relacionados con impago de las rentas de alquiler, si bien son menos los vinculados a familias vulnerables. Los últimos datos oficiales además reflejaban un descenso, con la menor cifra de lanzamientos en cinco años con una caída récord del 60 por ciento en ese periodo.

La reducción del parque de viviendas en alquiler por un lado y la reorganización de la propia organización judicial han influido directamente en este descenso de desahucios.