Jueces y fiscales amenazan con paralizar la Cidade da Xustiza

La huelga para los días 1, 2 y 3 de julio sería la cuarta en los juzgados de Vigo tras la de funcionarios, letrados judiciales y abogados

Imagen del parón de jueces y fiscales la semana pasada en Vigo
Imagen del parón de jueces y fiscales la semana pasada en Vigo

Los juzgados de Vigo se enfrentan a una nueva paralización con la convocatoria de huelga de jueces y fiscales para los próximos 1, 2 y 3 de julio. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que reunieron la semana pasada en Vigo a cuarenta profesionales de la Cidade da Xustiza, han acordado nuevas movilizaciones si no hay respuesta a sus reivindicaciones.

Una de ellas es la citada convocatoria de huelga, que vuelve a poner contra las cuerdas el funcionamiento judicial en Vigo. Sería el cuarto paro en la ciudad, tras los protagonizados por funcionarios, letrados de la Administración de Justicia y abogados. Las dos primeras huelgas tuvieron mayor impacto, paralizando el sistema durante meses.

Las asociaciones convocantes explican que esta nueva huelga responde al masivo seguimiento del primer paro y a la oposición a la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal y a los cambios en la estructura de la Fiscalía. Consideran que la situación exige medidas firmes.

Según su comunicado, la huelga se convoca dejando un “plazo razonable previo” para que las Cortes Generales reconsideren los proyectos legislativos y los retiren. De no producirse esa rectificación, el paro se ejecutará como una medida “legítima, proporcionada, responsable y necesaria” para defender tanto el Estado de Derecho como las condiciones profesionales de jueces y fiscales.

La protesta coincide con el malestar existente en los juzgados de Vigo por la decisión del Ministerio de Justicia de transformar una plaza de Instrucción en una nueva sección de Violencia sobre la Mujer, una medida que ha generado controversia entre los operadores jurídicos.

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