Investigan por presunta estafa a una asociación de adopciones de Vigo
Una pareja asturiana denunció ante el juzgado haber realizado varias transferencias bancarias a la entidad en Vigo para un expediente de adopción, que no se tramitó
Un juzgado de Instrucción de Oviedo ha abierto diligencias por los presuntos delitos de falsedad en documento público y estafa contra una de las entidades colaboradoras de adopción internacional de menores, Interadop Galicia con sede en Vigo. La causa se abrió tras la denuncia el año pasado de una pareja asturiana ante los juzgados de Oviedo por los mencionados delitos en los que supuestamente habría incurrido la entidad, que trabajaba en el Principado de Asturias y ante la que presentaron una solicitud de adopción para que tramitara el correspondiente expediente, según consta en un auto del Tribunal Supremo, que, el pasado 19 de junio resolvió sobre la competencia del asunto.
La pareja habría realizado diversas transferencias bancarias para la tramitación del expediente, y ante la dilación y falta de noticias al respecto, comprobó que la entidad denunciada no había tramitado expediente alguno, acreditando, tras acudir a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar que en ningún momento se habían iniciado los trámites de adopción internacional interesada, sostiene la denuncia.
En diciembre de 2024, el Supremo recibió oficio de las diligencias previas del Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo que planteaba cuestión de competencia negativa con el Juzgado de Instrucción 2 de Vigo, alegando que le correspondía al órgano vigués la instrucción de la causa, dado que era en su ámbito territorial donde se habrían cometido supuestamente los delitos de falsedad y estafa investigados, algo que fue rechazado desde la Cidade da Xustiza alegando que los denunciantes residen en Oviedo, donde formularon la denuncia.
Finalmente, el Supremo resolvió que debe ser el órgano asturiano el que investigue los hechos al entender que estos se producen en Oviedo, ya que desde allí se realizan las transferencias bancarias y es allí donde deberían haber surtido efecto los documentos públicos presuntamente falsificados.
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