El edificio que cayó en Areal estaba obligado a demoler o ser rehabilitado

El edificio situado en Areal 34, que se derrumbó parcialmente el jueves fue uno de los 24 inmuebles incluidos en el Programa de Edificación Forzosa del Concello, aprobado en 2019. La inclusión en este programa daba un plazo de un año al Concello para sacar a subasta pública las parcelas si el propietario no iniciaba la edificación. La obligatoriedad pasaba por la conservación o demolición y proyecto.

Los propietarios del inmueble fueron uno de los ocho que interpusieron alegaciones y que llegaron al juzgado, que paralizó su incorporación en el progama hasta enero de este año cuando se dio la razón al Concello. Según explicó ayer la concejala de Urbanismo, María José Caride, la administración municipal lleva desde 2010 instando la adopción de medidas para garantizar la estabilidad de esta edificación y dado su estado ruinoso su demolición. Afirmó, que esta edificación está catalogada, tiene un nivel de protección ambiental y por lo tanto, cualquier tipo de intervención que se haga sobre la misma requiere un informe favorable emitido por Patrimonio de la Xunta”, por lo que atribuyó la tardanza del informe favorable de la Xunta que cuantificó en ocho años. Asimismo, insistió en que la propiedad no actúa, “no solo procederemos a la demolición con carácter subsidiario, sino que se incorporará de forma extraordinaria en ese primer programa de edificación forzosa. Si la propiedad lleva a cabo sus obligaciones de forma inmediata con la demolición, continuaremos con el proceso de la rehabilitación del inmueble que tiene su fachada catalogada y con protección ambiental”.

Respecto al resto de cuestiones sobre este proyecto, la concejala destacó que “las instalaciones deportivas anexadas a esta propiedad no están autorizadas y acabamos de abrir un expediente de disciplina para determinar con qué tipo de autorización se está ejerciendo esa actividad y revisaremos las actividades deportivas que se están realizando vinculadas a esta propiedad”.

Los vecinos de la zona donde se produjo el siniestro alertaban de que existen otros edificios en similar circunstancia de abandono y con riesgo. En la misma calle, al menos hay otros dos, declarados en ruinas aún en pie y uno, en el número 30, a la espera de ser demolido, con la aprobación de un proyecto de viviendas de cinco plantas y la fachada a conservar.

“Hoy podíamos estar hablando de un Marisquiño”, dice la Xunta

nnn La delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias respondió ayer a las declaraciones de la concejala de Urbanismo respecto al derrumbamiento del edificio. Aseguró que “una vez más el alcalde de Vigo quiere culpar a la Xunta, esta vez respecto al control del estado de las edificaciones de la ciudad”. Afirmó que “en este caso no hubo que lamentar víctimas, pero debido a la falta de control y supervisión por parte del Concello hoy podríamos estar hablando de un segundo ‘Marisquiño’, de no ser porque el gimnasio estaba cerrado debido a las restricciones a las que obligan las autoridades sanitarias”.

La delegada de la Xunta señaló que éste no es el único ejemplo de edificaciones ruinosas que podrían verse en la misma situación e informó de que Patrimonio autorizó el derribo el pasado 20 de mayo sin que hasta ahora ni propietario ni Concello actuasen.

En este sentido, recordó que “es deber del propietario y del Concello que se cumpla la obligación de mantenimiento y la conservación de la edificación, adoptando todas las medidas precisas, incluyendo la ejecución subsidiaria en este caso por parte de las autoridades municipales”. Así, incidió en que “no se puede acharcar al Servicio de Patrimonio Cultural el derrumbe de un bien que no fue ni debida ni diligentemente protegido tanto por el propietario como por el propio Concello. A éste le corresponde en último termino adoptar las medidas oportunas”.n