La ingeniera viguesa Carmela Troncoso alerta del riesgo de prohibir redes a menores

La ingeniera viguesa de telecomunicaciones Carmela Troncoso, directora científica en el Instituto Max Planck para Seguridad y Privacidad y profesora en la Universidad de Lausana, advierte sobre los posibles efectos negativos de las nuevas regulaciones que buscan restringir el acceso de menores a internet, como se plantea ahora en España, además de en otros países. Troncoso es experta en el ámbito de la seguridad y privacidad digital y fue incluida en los últimos años por la revista “Fortune” y el grupo de medios “Future” en sus listas de personas más influyentes del mundo en tecnología, junto a líderes como los CEO de Google, Apple o Amazon.

La viguesa firma una carta junto a más de 350 científicos de distintos países en la que trasladan su preocupación sobre estas prohibiciones. Según el documento, la implementación de sistemas de verificación de edad para limitar el acceso a contenidos digitales podría generar más problemas que soluciones.

Aseguran compartir la preocupación por “los efectos negativos que la exposición a contenidos perjudiciales en línea tiene sobre los menores”, pero alertan de que si estos vetos “se aplican sin una consideración cuidadosa de los riesgos tecnológicos y del impacto social, las nuevas regulaciones puedan causar más perjuicios que beneficios”.

Los firmantes advierten que las implicaciones de las propuestas actuales para realizar controles de edad digitales exceden a las que se aplican fuera de internet, con la comprobación de un documento de identidad por parte de un empleado, y carecen de la privacidad inherente de estas verificaciones físicas.

La carta suscrita por la ingeniera viguesa subraya que los controles de verificación de edad son fáciles de eludir y requerirían infraestructuras globales complejas, cuya implementación técnica y jurídica sería incierta. Según estos expertos, las medidas podrían incluso disminuir la seguridad digital al exponer a los usuarios a virus o estafas informáticas al buscar alternativas que no incluyan verificación.

Asimismo, advierten sobre la reducción “masiva” de la privacidad que estas políticas implicarían, al obligar a los usuarios a proporcionar más información a los proveedores de servicios. Señalan que serían necesarios unos requisitos que “no se cumplen en una parte significativa de la población, como las personas mayores, los ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea (si la verificación de edad se basa en la futura identidad digital europea), quienes no poseen una credencial nacional de identidad digital o simplemente quienes no desean tener un teléfono inteligente”.

Los investigadores continúan apuntando que es “peligroso y socialmente inaceptable introducir un mecanismo de control de acceso a gran escala sin comprender con claridad las implicaciones que diferentes decisiones de diseño pueden tener sobre la seguridad, la privacidad, la igualdad y, en última instancia, sobre la libertad de decisión”.

El grupo de científicos al que se sumó Troncoso solicita una moratoria en el despliegue de estas medidas hasta que exista un consenso sobre sus beneficios, riesgos y viabilidad. “La verificación de edad tiene un gran potencial para aumentar la desigualdad y la discriminación en el ámbito digital”, concluye el documento.