El “infierno” de una okupación que se alarga cinco años

Un caso de okupación en Vigo que se alarga en el tiempo. Diversos factores impidieron su avance. Ahora, Sonia Román lanza un SOS para que, de una vez por todas, se solucione su problema. Su historia comenzó tras alquilarle a una persona conocida su piso en Navia, muy cerca de su residencia actual, al tener que cambiar de hogar para cuidar a su madre. “Su hijo y mi sobrino jugaban juntos al fútbol y nos enteramos de que estaba buscando piso. Acordamos con él que nos pagaba 450 euros y que nos lo cuidase”, aseguró la afectada. Sin embargo, los problemas empezaron ya desde el primer día: “Comenzó con exigencias, como que le pintásemos el piso nada más entrar a vivir”. La cosa se empezó a torcer cuando dejó de pagar los suministros y, en algunas reuniones, vecinos del edificio empezaron a mostrar quejas ante su actitud. “Siempre buscaba jaleo y nunca tenía la mascarilla por el edificio durante el covid”, apuntó.

Ante ello, Román comenzó un procedimiento para comenzar el desahucio, pero la pandemia lo paró todo. Luego, el presunto okupa alegó problemas de salud y se paralizó todo aún más. Por su fuese poco, Román asegura que “puso a su hijo de 16 años en contra de su madre para que fuese a vivir con él”. Con un menor al cargo, las posibilidades de desalojo se minimizan.

Intentaron negociar con él. Según la propietaria, se declaró en concurso de acreedores y los bloqueó de Whatsapp. Contacto cero pese a vivir a solo unos metros. Solo le dijo a Román que le pagaría en cuanto quedase libre de deudas al acogerse a la ley de la segunda oportunidad. Pero esos pagos no sucedieron. “Nos enteramos mi marido y yo que debe más de 400.000 euros a administraciones, particulares… le debe a todo el mundo”. Esto provocó que intensificasen los esfuerzos en conseguir un desalojo, hasta tal punto de contratar una empresa de desokupación, sin éxito: “No estaba en casa, pero llegó a denunciarles porque le dejaron una nota informativa. Denuncia todo porque sabe que le sale gratis, pero ya ningún abogado lo quiere representar”.

A partir de enero del 2024, el inquilino, ya declarado vulnerable por el Real Decreto 11/2020, dejó de pagar, amparándose en la ley publicada ante la pandemia. A partir de ahí, Román volvió a movilizar todos los recursos que estuviesen en su mano. “Se lo pedimos a la justicia, a servicios sociales, al valedor do pobo e incluso al alcalde. Pero nada. Ni mi abogada entiende eso, luego de que todo el mundo nos dé la razón”, lamentó Román.

Ahora, después de un año de reclamaciones y encontrar el silencio por respuesta, la afectada asegura estar viviendo “un infierno” en el cual indica encontrarse sola y sin solución a corto plazo. Exige que se le facilite el auto judicial en el que se indica si el supuesto okupa se encuentra en situación de vulnerabilidad o no para tomar medidas al respecto. Un limbo con las administraciones que ya se demora en el tiempo. Si se le considera vulnerable, no le queda más que esperar (El Real Decreto se encuentra prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025) y cobrar la compensación fijada ante estos casos por parte de la Xunta, pero si no lo es “volver a acelerar el desahucio y ahí sí que en menos de un mes se realizaría”. En estas instancias actuales se encuentra, sin compensación ni vivienda: “La ley está afectando no solo a propietarios, sino también a inquilinos. Se está generando un problema mayor porque se ve afectada la oferta y cada vez hay que pasar más castings para alquilar”.

Lo peor de todo para Sonia Román, además de la demora, es la fatiga psicológica en la que dice encontrarse, con detalles que le hacen la vida más difícil: “Es un caradura, vive a cuerpo de rey gracias a nosotros y actúa con maldad. Tanta, que tuvo el valor de matricular a su hijo en el colegio de mi hija y van juntos en la misma clase”. La cercanía con la vivienda hace que “me de miedo salir a la calle”, aunque lo más doloroso es sentir la vergüenza de haber sido estafada por esta persona: “Hay veces que no lo quiero contar, pero luego pienso en que esto no se debe consentir bajo ningún concepto”.