Hipercor, promotoras, Beiramar y Guixar: 4 fallos más contra el PGOM

n n n El Plan General de Vigo de 2008 ha recibido cuatro sentencias más de anulación por parte del Tribunal Supremo tras la primera, definitiva, que se hizo pública el pasado 30 de noviembre, un recurso presentado por la asociación Alternativa Veciñal de Vigo. En casación, el Supremo anuló una resolución anterior del Tribunal de Galicia y admitió que no estaba justificada la urgencia que permitió la inaplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica por parte del Gobierno gallego del bipartito, en 2006. El Plan no se aprobaría hasta 2008.

Además de AVI, otros cuatro fallos han llegado al ayuntamiento en el mismo sentido, todos promovidos por entidades y grupos que habían perdido sus litigios ante el Tribunal de Galicia -un centenar había ganado el Concello- pero que decidieron seguir adelante. El fallo que anuló el Plan permitió avalar sus propios recursos. Los cuatro que han llegado tienen su importancia porque podrían desembocar en demandas por daños patrimoniales. Una es de la Asociación de Propietarios de Guixar, que había rechazado la ordenación prevista para el entorno, que incluía una doble torre de un máximo de 25 plantas y un gran espacio delimitado por el mercado de Teis, la antigua fábrica de pinturas y los depósitos de la desaparecida Campsa.

La segunda, más relevante, venía firmada por un grupo de promotores que había alcanzado un acuerdo con la empresa El Corte Inglés para instalar uno de sus centros en Vigo, en concreto en Alcabre. El cambio en las condiciones del Plan General acabo con el proyecto de instalar Hipercor en Vigo. La compañía ya tenía un principio de acuerdo con los propietarios para el desarrollo del entorno. Finalmente, la inversión se destinó a A Coruña, donde se abrió otro complejo de la misma firma. Uno de los empresarios inmobiliario. Manuel Vázquez, también firmó otro recurso por su parte al sentirse perjudicado con los cambios de Plan General.

La cuarta sentencia fue de Ciudad de la Pesca, la asociación de empresas de Jacinto Benavente y Beiramar, disconforme con el ordenamiento planteado. Su recurso fue rechazado y ahora aceptado tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el Plan.