Los hermanos Hermida alegan sufrir una persecución de Hacienda

Los propietarios de los establecimientos La Barraca, Manuel y Alfredo Hermida se sentaron ayer en el banquillo de los acusados, por primera vez tras su detención el pasado año, para responder por un presunto fraude fiscal de 144.000 euros en relación al Impuesto de Sociedades del año 2009 de la compañía de Protección y Vigilancia Galaica. El fiscal, que pide una pena de tres años de cárcel para cada uno de ellos además de una multa de 280.000 euros, incluye en su acusación la falsedad documental al atribuirles para el fraude una facturación ficticia.

Durante la sesión del juicio, celebrado ayer en el Penal 2 de Vigo, ambos acusados se desvincularon de la gestión de la empresa en aquella fecha, de la que aseguraron no eran dueños ni tampoco administradores. Mientras Alfredo alegó que en ese periodo se encontraba de baja laboral al haber sufrido un grave accidente de tráfico en 2008 que le impidió reincorporarse hasta 2010, su hermano añadió que su familia era víctima de una "persecución por parte de Hacienda".

Este último, exguardia civil, relató que fue su mujer quien quiso crear la empresa de Protección y Vigilancia y que era ella la que tenía conocimientos al ser licenciada en Economía. Afirmó, además, que en esa fecha era el administrador quien se ocupaba de la gestión, ya que él se incorporó años después, y aunque reconoció que utilizaba un Audi A6, dijo que era de su mujer y que ella se lo dejaba.

La Agencia Tributaria habla de un entramado de más de 100 empresas

El Inspector de la Agencia Tributaria que llevó a cabo la investigación declaró durante el juicio que los acusados son los propietarios últimos de "un entramado familiar de empresas a partir de Galaica" y elevó el número por encima del centenar. Según su testimonio, "los que ejercían como gestores eran ellos aunque oficialmente aparecía otro administrador" y que cada año "variaban el entramado cambiando su composición social". El inspector testificó que reunió una serie de indicios que demostraban que la auténtica actividad se centraba en Vigo y no en Santiago, donde tenían el domicilio fiscal y que para esquivar a Hacienda llevaban a cabo una práctica muy habitual "la de deslocalizar las empresas colocando sedes en A Rúa, Madrid o Toledo, sin que allí hubiera gestión".

Afirmó que esas empresas "controladas por las mismas personas se emiten facturas entre sí para deducirse el IVA", facturas, algunas de ellas "infladas", dijo además de "desorbitadas e irreales".