Hacienda inspecciona cinco empresas con ‘software de doble uso’

La ofensiva puesta en marcha ayer de forma simultánea en 15 Comunidades Autónomas por la Agencia Tributaria contra el fraude fiscal de empresas que usan el ‘software de doble uso’, un programa informático que permite la doble contabilidad, alcanzó a Galicia y Pontevedra. Fuentes del organismo de Hacienda confirmaron que de las inspecciones realizadas a una docena de locales en Galicia, cinco se asientan en la provincia. Se trata de sociedades del sector de las instalaciones y montajes, principalmente eléctricas, que fueron comprobadas dentro del inicio de la denominada ‘Operación Amperio’, y que se centraron en las propias empresas, además de personas físicas vinculadas, incluyendo socios, administradores y personas del entorno familiar. Coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, fueron más de 300 funcionarios del área inspectora, incluyendo personal de unidades de auditoría informática y una treintena del Servicio de Vigilancia Aduanera repartidos por las distintas comunidades, los encargados de poner en marcha este operativo.

En los cinco locales seleccionados se ha centrado en la documentación e información contable o auxiliar real existentes, en papel o incluidos los sistemas informáticos de proceso de información. A partir de ahora se examinará a fondo dicha documentación para regularizar los incumplimientos detectados.

Fueron las denuncias tributarias las que detectaron la posible utilización de este software con el objetivo de eludir la tributación de ingresos en diversas sociedades del sector, principalmente dedicadas a las instalaciones eléctricas. En las cinco empresas es ha realizado un estudio de los socios que puedan presentar signos externos de riqueza no justificados con las actividades declaradas y que podrían ser una señal de la existencia de ventas ocultas que derivaran en incrementos patrimoniales de dichos socios.

Los comercializadores y fabricantes de estos software pueden enfrentarse a multas de 150.000 euros y de 50.000 euros, los usuarios que incumplan la normativa.