‘El Gobierno de Perú considera que los indígenas son de segunda categoría’

La tasa de mortalidad materna entre la población indígena de Perú es de 185 mujeres por cada cien mil nacidos vivos. Las mujeres del campo tienen que caminar hasta cuatro y seis horas para acudir a un centro médico y esto les puede costar la vida cuando van a dar a luz. De esta situación habló ayer en Vigo la defensora de derechos humanos peruana, Josefa Ramírez, invitada por Amnistía Internacional. Ramírez preside el Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas, que trata de concienciar a las mujeres sobre sus derechos y sobre la necesidad de organizarse para reclamarlos, además de animarlas a seguir una educación permanente.

En la lucha por los derechos humanos, ¿cuál consideran que es la principal dificultad?

En primer lugar todavía hay un resabio fuerte de machismo, los hombres no entienden que las mujeres tienen iguales derechos. Además, el Estado mismo no atiende las necesidades de la ciudadanía y de las mujeres. El Gobierno considera que los ciudadanos que viven en el campo son de segunda categoría y al olvidarse de su principal compromiso de atender las necesidades de salud y de educación está provocando cada vez más el atraso del país. Tiene que haber una mentalidad nueva para reestructurar los programas de salud y educación en América, sobre todo en Perú.

¿Qué le piden a Europa?

Hay países muy solidarios, como España, y estamos muy agradecidos por el apoyo que en algunos momentos nos han brindado a través de programas de desarrollo. Además de esa actitud solidaria, sería bueno que exijan las cuentas de los gobiernos para ver en qué se traducen las ayudas.

Perú fue noticia estos días por una protesta de los indígenas, que se saldó con varias muertes, contra una ley de estímulo de inversiones en sus territorios.

Los pobladores de la Amazonía reclaman sus derechos ancestrales de ser ellos los que controlen los recursos naturales.

¿Por qué ocurrió?

Porque hay un descontento de la población ante la promesa incumplida del Gobierno que había dicho desde el año pasado que se iban a derogar unos decretos que contravenían los derechos de propiedad donde existen las minas, las fuentes petroleras o las madereras, en la Amazonía. Las comunidades nativas organizadas habían pedido al Gobierno que se cumpla el convenio 169 de la OIT a favor de los pueblos indígenas, pero no fue escuchado y de parte del Gobierno se escucharon ofensas, como que las poblaciones indígenas son como el perro del hortelano porque no dejan entrar en el desarrollo, que somos ciudadanos de segunda categoría y no queremos al país, cuando es todo lo contrario. Los que conocen y los que defienden mejor la Amazonía y los recursos naturales son las mujeres y los hombres que han heredado por siglos todo ese conocimiento para conservar la biodiversidad, sino fuera por ellos ya no existiría. la Amazonía es el pulmón de la tierra y Europa tendría que considerar esta situación para que se corrija esta actitud del Gobierno, de prepotencia y de amenaza contra la población.

¿El Gobierno está ofreciendo terrenos a las empresas?

Está ofertando esos recursos a las grandes multinacionales.

¿Están sin explotar?

Las del petróleo están empezando y los otros están en el comienzo de la exploración. En la Sierra Central del Perú hubo un explotación minera más de 50 años y ¿qué es lo que ha quedado ahora en Serra de Pasco, Huánuco, Junin? Todas son tierras prácticamente desérticas, los cerros han quedado sin árboles por la contaminación que producen los desperdicios que van a los ríos. La gente no quiere vivir más en esta situación que va contra la salud.

¿Los indígenas tienen interés en esa explotación económica?

Sólo ellos tienen en su mente y en su memoria colectiva como cuidar la Amazonia, pero también es cierto que ellos también podrían hacerse cargo de la explotación de la minería, del petróleo, de las madereras, pero siempre y cuando el Gobierno o las empresas se lo confiaran y pudieran ayudar y crear también unas empresas de carácter social o comunitario para que ellos pudieran hacer esa explotación, pero con mucho cuidado y protegiendo el medio ambiente.

¿Los terrenos son del Estado?, ¿tienen posibilidad de quedarse los habitantes históricos?

El Estado es dueño de todas las tierras, pero debería respetar su derecho a permanecer en ellas. En un país con nuestra tradición histórica el primer derecho es el derecho a la tierra: lo que se llama el amor, el cariño, el cuidado de la Pachamama, la Tierra. Se puede hacer una explotación pero respetando el medio ambiente y dialogando, no yendo a sangre y fuego.

Amnistía lamenta que se utilice la crisis para pisar derechos humanos

En Perú las mujeres campesinas no tienen un adecuado acceso a derechos básicos como la salud y la educación. Fue uno de los mensajes lanzados ayer por la activista peruana de los derechos de las mujeres, Josefa Ramírez, que ayer ofreció una conferencia en Vigo y hoy lo hará en Santiago. Es un ejemplo que quiso mostrar la organización Amnistía Internacional dentro de su campaña ‘Exige Dignidad’, en la que denuncian los vínculos entre pobreza y abusos contra los derechos humanos. Para Amnistía los derechos humanos ‘se pisotearon en nombre de la seguridad y ahora se relegan al último puesto en nombre de la recuperación económica’, según afirma el portavoz de la organización en Galicia, Alberto Estévez. Pero los comentarios sobran cuando se tienen delante las cifras: 963 millones de personas pasan hambre en el mundo, 1.000 millones viven en asentamientos precarios, cada minuto una mujer muere a consecuencia de complicaciones derivadas del embarazo, 1.300 millones no tienen acceso a servicios sanitarios adecuados y 20.000 niños mueren cada día a consecuencia de ello, señalan. La crudeza de estos datos es imponente, con ellos quieren movilizar a la población para que a su vez pida cuentas a los gobiernos y a los agentes económicos y para que se respeten los derechos humanos.