El Gobierno pagará el doble al negarse a rescatar la AP-9

El rechazo a la decisión del Congreso de anular la concesión a Audasa aboca a los usuarios de la autopista a sufragar las pensiones de jubilados de Holanda hasta 2048

JTA
Publicado: 18 oct 2024 - 06:15 Actualizado: 18 oct 2024 - 09:58
La AP-9 es de Audasa, a su vez de Itinere, que adquirió al 100% el fondo holandés APG.
La AP-9 es de Audasa, a su vez de Itinere, que adquirió al 100% el fondo holandés APG.

El Gobierno ha decidido rechazar el acuerdo del Congreso -con los votos de BNG, PP, ERC y Sumar y en contra PSOE y Vox- para iniciar el rescate de la concesión de la AP-9, lo que aboca a dos hechos: que la Administración del Estado tendrá que aportar el doble en bonificaciones de lo que supondría recuperar el control de la autopista y que, en definitiva, los usuarios de la AP-9 van a pagar hasta 2048 las pensiones de los jubilados de Holanda, agrupados en el fondo APG, desde ahora dueños del 100% de Itinere (hasta ahora era el 60%), empresa que controla Audasa.

Según los cálculos de la asociación En Colectivo, autora de la demanda ante la UE contra las dos prórrogas concedidas a Audasa, la segunda en vigor hasta 2048, la recuperación de la concesión supondría abonar entre 900 y 1.300 millones, a tenor de los cálculos realizados por la Universidad de A Coruña y la Xunta. Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se negó apuntando el alto coste para las arcas estatales, que elevó a 6.000 millones, aunque sin especificar de dónde salía dicha cifra.

Diego Maraña, de En Colectivo, subrayó que el Gobierno ya anunció que abonará 1.200 millones más a Audasa por bonificaciones, que serán 3.600 millones hasta 2048, “cuando el coste de indemnizaciones de la autopista es la mitad o incluso una tercera parte del coste real que tendrá que pagar el Gobierno por la autopista” y recordó los dos estudios que señalan cantidades muy inferiores por la indemnización y la resolución del Consejo de Estado, el mayor órgano consultivo, que apuntaba unos mil millones.

No se entiende el empecinamiento a no anular la prórroga, el propio ministro argumentó que los costes para el Gobierno de las bonificaciones serán 3.600 millones, en realidad mucho más con el IPC, no entendemos por qué nos ningunea diciendo que son 6.000 millones”, señaló. Añadió que “los gallegos no tienen que pagar una autopista ilegal, porque la normativa comunitaria ha comunicado que la prórroga no es legal, algo muy grave”.

Itinere

Sobre la compra del grupo Itinere al 100 por cien por el fondo de pensiones de Países Bajos APG, la explicación de Maraña es sencilla: “No tienen otra empresa con tanta rentabilidad en el mundo, el 40 por ciento son beneficios, todo gallego va a pagar los planes de pensiones de los jubilados holandeses”, sentenció. La compañía Globalvia, que tenía el 40 por ciento, alcanzó un acuerdo con el fondo APG para vender toda su participación en Itínere y zanjar todos los litigios que la compañía española arrastraba desde hace años por su participación en esta empresa. Incluye además la AG-57 (Vigo-Baiona), AG-55 (A Coruña-Carballo) y AP-53 (Santiago-Dozón), así como la AP-66, de Asturias a León; la AP-8, en País Vasco; o la AP-15, en Navarra.

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