El Gobierno libera 3 autopistas y la Xunta señala a la AP-9

El Ministerio de Transportes adjudicó por 895.097 euros, IVA incluido, la redacción del estudio informativo para definir las actuaciones que se deben llevar a cabo en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, a su paso por Madrid, Ávila y Segovia, para adecuar su funcionalidad a un escenario sin peajes antes de que finalice 2029. Es decir, justo lo que no va a pasar con la AP-9, que continuará de pago hasta 2048, pese a que la Comisión Europea ha advertido que las dos prórrogas consecutivas concedidas por los gobiernos de González y Aznar a la empresa Audasa, la concesionaria, chocan con las normas comunitarias sobre competencia. El Gobierno prevé adaptar las infraestructuras viarias al previsible aumento de la demanda en caso de su liberalización, señalan desde el departamento que dirige Óscar Puente, debido a que el actual contrato de concesión de estas autopistas finaliza el 19 de noviembre de 2029.

Sobre este asunto habló ayer el presidente gallego, Alfonso Rueda, a preguntas de los medios tras el Consello de Goberno, quejándose del distinto criterio utilizado por el Ejecutivo, que se niega al traspaso de la AP-9 a la Xunta, pese a las reiteradas peticiones y los acuerdos unánimes del Parlamento de Galicia. “El mismo ministerio que dice, a pesar del compromiso del candidato socialista en las elecciones, que es prácticamente imposible eliminar los peajes en Galicia, elimina otros peajes”, advirtió Rueda. “No tiene ningún sentido y lo que se demuestra una vez más es que es una cuestión de voluntad política, no una cuestión de recursos económicos. Los recursos económicos sin voluntad política no tienen ningún sentido. Una vez más, el Gobierno central decide que las cuestiones que le interesan a Galicia, para el Gobierno central no son prioritarias”, zanjó.

También se manifestaron en el mismo sentido las organizaciones empresariales de Vigo y la provincia y de Galicia, que señalaron el agravio comparativo y reclamaron al Gobierno que realice el traspaso de la AP-9 y elimine el peaje, cuestionado por Bruselas tras la demanda presentada por En Colectivo. Según el ministro de Transportes, Óscar Puente, el coste del traspaso y eliminación del peaje, incluyendo el rescate a Audasa, se iría a unos 6.000 millones de euros. En cambio, dos estudios realizados para la Xunta y el BNG reducen la cifra total a unos 2.000 millones.

Las tres autopistas

De momento el objeto del estudio anunciado por el Ministerio de Transportes es recopilar y analizar los datos necesarios para definir las actuaciones necesarias en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, y en el resto de la Red de Carreteras del Estado aledaña, para llevar a cabo dichas actuaciones, incluyendo la mejora de su funcionalidad y accesibilidad al territorio. El ámbito de actuación del estudio se extenderá a lo largo de los 115 kilómetros de longitud del trazado de dichas autopistas de peaje en las provincias de Madrid, Ávila y Segovia. El estudio deberá determinar tanto el tipo de actuaciones (remodelación de enlaces, implantación de nuevos enlaces, ampliación de áreas de servicio o instalación de nuevas, nuevos aparcamientos de vialidad invernal, pacificación de travesías, entre otros) como sus características (tipología de enlaces, características geométricas...), incluyendo la estimación de su presupuesto y una propuesta de programación en función de su prioridad, detalla el comunicado.

El 19 de noviembre de 2029 finaliza el contrato de concesión de las autopistas de peaje AP-6, AP-51 y AP-61 que pasarán, previsiblemente, a ser gestionadas directamente por el Ministerio de Transportes sin cobro de peaje al usuario. En Galicia, hasta 2048 pagando, y cada vez más.

Estas tres autopistas se suman así a otras liberalizadas cuyos contratos de concesión han ido expirando desde 2018: AP-1 Burgos - Armiñón; AP-4 Sevilla - Cádiz; AP-7 Alicante - Valencia - Tarragona; AP-7 Tarragona - Barcelona y AP-2 Zaragoza - Mediterráneo.