El Gobierno dio el indulto a 20 condenados en Vigo los últimos diez años

Le arrancó parte de una oreja a un hombre con el que mantuvo una pelea en una terraza de un bar de Gregorio Espino en 2016. La Audiencia condenó a este vigués a tres años de cárcel, una pena que acabó siendo firme. El autor de las lesiones acudió a la última vía para eludir el ingreso en prisión, el indulto y el Gobierno accedió a conmutar la pena por otra de dos años, eludiendo así el ingreso en la cárcel, siempre y cuando se abone la responsabilidad civil fijada y no vuelva a delinquir en tres años.

El caso de este vigués ha sido el último que ha logrado el perdón parcial del Gobierno tras solicitar un indulto que le fue aprobado en 2021, año en el que solo salieron adelante tres en toda Galicia. En total, según las resoluciones publicadas por el Boletín Oficial del Estado y recogidas por Civ10, en la última década fueron una veintena los condenados en Vigo que lograron indulgencia, aunque condicionada. Es decir, en ninguno de los supuestos se condona toda la sanción sino que esta se conmuta por otra que elude la prisión (multa, trabajos en beneficio de la comunidad…) y bajo la premisa de un tiempo sin cometer otras infracciones o haber hecho frente al pago de la indemnización establecida.

“Atendiendo a las circunstancias del condenado y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad”, señala como argumento la resolución firmada por el ministro de Justicia para aceptar una petición que no tiene por qué ser siempre solicitada por el propio afectado.

La mayor parte de los delitos que han logrado en este periodo el perdón del castigo impuesto, atendiendo a las circunstancias del penado y del caso, se refieren a tráfico de drogas o contra la salud público, donde se suele incluir como condición la deshabituación del consumo, los robos y las lesiones, con penas de entre tres años y tres años y medio de cárcel, lo que conllevaría el cumplimiento entre rejas.

Ocho años de espera para Serafín y Carlos

Conseguir la indulgencia del Gobierno no es fácil. El porcentaje de condenados que logra el indulto es muy pequeño, teniendo que cada en semana en Vigo los juzgados dictan entre dos y tres condenas. Tampoco es una vía ágil, aunque la media oficial estimada desde la solicitud se estima entre seis meses y un año desde la sentencia firme hay casos en los que la demora es mucho mayor. Ocurrió con los sindicalistas Serafín Rodríguez y Carlos Rivas. Fueron condenados en 2011 a tres años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores -tras participar en una huelga del transporte en Vigo en 2008- y hasta 2019 no lograron que el Gobierno aprobara su solicitud, conmutándoles la pena por una multa de seis euros al día durante 18 meses. Fueron ocho años de espera después de una primera solicitud rechazada, lo que generó multitud de movilizaciones y concentraciones reivindicando la condonación de una pena que les hubiera llevado a ingresar en prisión.

La lucha del fallecido David Reboredo por la reinserción

El número de indultos ha ido en descenso en la última década. De 2015 a 2018 no se aprobó ninguno en Vigo, mientras que en 2019 solo los de Carlos y Serafín. Hasta llegar a ese punto fueron concendidos hasta cinco en un solo año, como ocurrió en 2013, donde uno en particular se convirtió en símbolo de lucha para despenalizar las faltas cometidas por toxicómanos rehabilitados. Esta lucha tuvo nombre propio, David Reboredo. El intercambio de papelinas cuando era consumidor pasó factura a este vigués. Después de años rehabilitado, tuvo que ingresar en prisión para cumplir por hechos de un pasado al que había dado la espalda. Su caso consiguió movilizar a la sociedad viguesa, con el apoyo de asociaciones como Imán y con su propio padre al frente. Se recogieron miles de firmes y en 2013, logró el indulto parcial de una de sus condenas de tres años y seis meses que le fueron conmutadas por trabajos en beneficio de la comunidad. En 2014 y solo unos meses después de firmar la libertad condicional, falleció por una enfermedad. Cuatro de los cinco concedidos ese año fueron por delitos similares, relacionados con la venta de estupefacientes a pequeña escala.