El fraude eléctrico para cultivos, en el foco contra los narcogrupos

La voz de alarma la daban los fiscales antidroga de Andalucía o Cataluña. El incremento desmesurado de cultivos de marihuana como medio para las grupos de narcotraficantes de sacar beneficios con los que invertir en negocios a mayor escala hizo que la Fiscalía General tomara nota. En su memoria hace referencia a que dichos cultivos se sostienen en su mayoría mediante enganches ilegales que afectan directamente a los consumidores. De ahí, que considera que habría que endurecer las penas por los delitos de fraude eléctrico vinculado a estas plantaciones.

En Vigo y su área, según el último informe de Interior correspondiente a 2024, las incautaciones de plantas descendieron por encima del 70%, pero, pese a esa caída, los cultivos ‘indoor’ siguen siendo un problema. En poco más de un año, ya se han intervenido hasta media docena tanto en Vigo, como en Redondela, Mos, As Neves o Salvaterra.

En la plantación descubierta en una vivienda okupa de Castrelos el año pasado, la Policía Nacional recogió hasta tres kilos de marihuana y descubrió que la plantación se nutría de un enganche ilegal al fluido eléctrico para poder mantenerse.

Según los últimos datos proporcionados por la compañía Naturgy, su distribuidora UFD realizó más de 6.100 actuaciones en Vigo y provincia para detectar enganches ilegales, abriendo en total en toda Galicia 3.191 expedientes de fraude, algunos vinculados con plantaciones de marihuana.

La propuesta de la Fiscalía, que introduciría penas de prisión por fraude eléctrico vinculado a la droga, “no creo que se una medida que consiga reducir esta actividad ilícita", asegura la abogada viguesa Nieves Fernández Vergara. A su juicio, endurecer el castigo supondría “más ingresos en prisión, pero no una disiminución de la comisión de este tipo de delitos”.

Por su parte, el letrado Alejandro Vega se pregunta por qué discriminar el fraude en los enganches cuando van destinados al tráfico de drogas y no a otros delitos “igual de graves como por ejemplo cuando esas conexiones fraudulentas se utilizan para cometer ciberestafas”. En todo caso, considera que de reformarse esa penalidad, tendría que establecerse en función del “consumo ilegal”.

En la misma línea se pronuncia el abogado Manuel Carpintero, quien añade que el fraude eléctrico tendría que ser más una “cuestión civil o adminsitrativa”.