Fondos buitres de países árabes, tras los desahucios en Vigo

La compra de inmuebles por parte de los fondos buitre en Vigo dificulta la paralización de los desahucios ante las grandes dificultades a la hora de contactar y negociar con estas entidades para lograr prórrogas en aquellos casos que afectan a familias vulnerables.

"Llegamos al punto en que echamos de menos la época en la que los propietarios de los inmuebles eran los bancos", asegura Carlota Pérez, portavoz en Vigo de Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ante la situación actual, en la que que resulta cada vez más habitual encontrar propiedades en mano de estos fondos cuyo objetivo es comprar activos con el menor precio posible para poder venderlos más adelante.

"Ahora las viviendas están en manos de fondos de países extranjeros, si ya nos costaba llegar a acuerdos con los propietarios antes para paralizar los desahucios aunque fuera por un mes, ahora es todavía más difícil", apunta Pérez.

Durante los últimos años, nombres como Blackstone o su filial Fidere han pasado de ser unos grandes desconocidos a estar detrás de numerosos desalojos. En el caso de Vigo, la portavoz de la PAH asegura que muchas de estas entidades que poseen inmuebles en la ciudad provienen de los países árabes.

Las complicaciones a la hora de llegar a acuerdos con los fondos propietarios de los inmuebles para paralizar los desahucios que afectan a las personas más vulnerables son solo una de las dificultades que afronta la PAH durante los tiempos de la pandemia del covid.

Pérez también destaca que durante los últimos meses se han dado numerosos casos de personas que no consiguen abogado y llegan a los juicios de su desalojo sin ningún tipo de defensa, una situación que se habría dado debido al colapso administrativo causado por la pandemia.

"Están dando plazos de tres días para solicitar justicia gratuita, pero las dificultades para conseguir una cita previa están significando que muchas personas no lleguen a tiempo", afirma. Durante los últimos siete años, los desahucios afectaron a 2.587 familias del partido judicial de Vigo, que incluye además del municipio a Baiona, Nigrán y Gondomar. El dato lo aporta un estudio del Consejo General del Poder Judicial sobre la evolución de los lanzamientos ejecutados desde 2013 hasta 2019.

La gran mayoría de estos casos, casi el 80%, los juzgados ejecutaron órdenes de desalojo por impago de alquiler mientras que el 19% lo hicieron por no hacer frente a la hipoteca y el resto por otros motivos que no se especifican. Los datos muestran que son mínimos los desahucios de viviendas hipotecadas ocupadas.

Para la portavoz de la PAH en Vigo, la situación es especialmente crítica ante las dificultades económicas que han causado las restricciones para hacer frente al covid, y que lo que se avecina el próximo año "es tremendo".

Pérez apunta que el hecho de que la gran mayoría de los desalojos de Vigo afecten solamente una única vivienda hace que el problema pase desapercibido. "Son siempre casos aislados, no se desahucian edificios enteros como en otros lugares como Madrid, por lo que estas hacen menos ruido", indica.

A pesar de todo, el problema sigue presente, agravado porque "los alquileres están muy caros en Vigo, y aunque las personas desalojadas puedan recibir algún tipo de ayuda, nadie alquila a una persona con cero ingresos o una Risga".

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se encarga de dar apoyo a aquellas personas que afrontan un desahucio. Entre los casos más recientes que han atendido en Vigo se encuentra el de una familia con 6 menores, de entre un 16 y un año de edad, que vivía en la calle Travesía.

La ciudad se adelanta al nuevo decreto del Gobierno para familias vulnerables

El Gobierno tiene previsto aprobar mañana el nuevo decreto que buscará paralizar los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que ya se aplica en los juzgados vigueses desde hace tres años en una media que se sitúa en una al mes, y que busca proteger ante los desalojos a aquellos colectivos vulnerables.

Una vez aprobada la ejecución de un desahucio, la Oficina de Notificaciones y Embargos revisa cada caso para comprobar la situación de cada familia, devolviendo el caso al juzgado para tratar de evitar los desalojos de familias mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna.

A pesar de todo, la portavoz de la PAH en Vigo, Carlota Pérez, señala que no llegan a paralizarse todos los desalojos de familias en situaciones de vulnerabilidad. "Es algo que depende mucho de en que juzgado caiga y que opine el juez, se han dado casos de familias que contaban con informes que acreditaban su vulnerabilidad que se han tenido que ir a la calle", afirma. Por esta razón, Pérez no tiene grandes esperanzas de que este nuevo decreto vaya a suponer un cambio destacable respecto a la situación que ya se vivía en la ciudad.

El nuevo decreto del Gobierno también contempla compensaciones a los grandes tenedores de vivienda como los fondos buitre, que solo se abonarían cuando el arrendatario pueda demostrar que ha sufrido un perjuicio económico por los desalojos, aunque los propietarios que dispongan de viviendas vacías no podrán recibirlas.

Ante la paralización de un desahucio, los reclamantes deben acreditar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión. En la mayor parte de los casos son familias con menores. Detrás, está el trabajo de colectivos como la Plataforma Stop-Desahucios, Os Ninguéns o la Favec que trabajan en apoyo de estas personas.