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La mujer que fue detenida en mayo por la Policía Nacional por presunta estafa tras hacerse pasar por agente de seguros, sin estar dada de alta en la Dirección General de Seguros, habría realizado hasta 200 pólizas solo con una de las varias compañías afectadas por el impago de cuotas.
Ayer, en su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción 3 de Vigo, se acogió a su derecho a no declarar y de momento no se han adoptado medidas por unos hechos que están en vías de investigación.
Las denuncias de perjudicados, a los que las aseguradoras les reclaman cuotas cuyo importe pagaron pero no llegaron a destino, siguen incrementándose y ya hay otros dos juzgados que llevan causas similares contra la misma persona. La intención de los perjudicados es hacer frente común por lo que sus abogados tratarán de que se unifiquen las causas.
La Policía llegó al arresto de esta mujer tras una primera denuncia de una persona que se percató del presunto engaño tras ser interceptada con su vehículo y descubrir que estaba circulando sin seguro, a pesar de haber suscrito una póliza y haber pagado las cuotas.
Según explicaban denunciantes, en concordancia con las informaciones facilitadas por la Policía, la sospechosa hacia los trámites por internet con las compañías facilitándole los datos de los clientes, que recibían la documentación, pero los ingresos presuntamente se los quedaba ella, provocando la cancelación de la póliza a espaldas de los afectados.
Raquel Vilariño es la abogada de siete afectados que contrataron seguros con la denunciada en Vigo. Según asegura, “la situación es muy grave, puede haber gente que todavía no se haya percatado de la estafa y que esté, por ejemplo, circulando con un vehículo sin seguro”.
Afirma que “hay perjudicados que comienzan a saber lo que ocurre por una demanda de reclamación de deuda de una compañía aseguradora, algunas con cuantías elevadas" e incide en que “es muy importante que los afectados denuncien para conseguir frenar esta estafa".
La letrada confirma que “a raíz de este engaño, los afectados están teniendo muchas dificultades para conseguir que les aseguren, porque las compañías les rechazan al aparecer en el registro de morosos por impagos” mientras añade que incluso a una de las personas denunciantes que suscribió un seguro sanitario se le diagnosticó una enfermedad grave y ahora le reclaman 5.000 euros.
Según explica, en todos los casos, “esta mujer ofrecía unos precios muy atractivos porque les decía a los clientes que les aplicaba sus bonificaciones y lo que hacía era modificar el presupuesto a la baja, por lo que podría enfrentarse a varios delitos”.
Sobre el número de personas afectadas, “es difícil de saber todavía, pero cada día que pasa el número es mayor y, al parecer, no solo en Vigo y municipios del entorno sino también de otros puntos de Galicia”.
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