La escalada de violencia de las narcolanchas pone el foco en Vigo

El juicio en la Audiencia es una de las ‘macrovistas’ contra una presunta trama encargada de construir estas embarcaciones, que mantienen en jaque el Estrecho

Imagen del operativo que ha derivado en el ‘macrojuicio’ de la Audiencia en Vigo.
Imagen del operativo que ha derivado en el ‘macrojuicio’ de la Audiencia en Vigo. | Atlántico

La operación llevada a cabo en 2022 y que permitió desmantelar una supuesta organización dedicada a la construcción, transporte y traslado de narcolanchas con epicentro en Vigo fue uno de los soportes para que las fuerzas de seguridad situaran la zona de las Rías Baixas y Portugal como uno de los centros logísticos para la fabricación de estas embarcaciones, prohibidas desde 2018.

La escalada de violencia con la reciente muerte de dos guardias civiles en Huelva y el informe de Seguridad Nacional sobre la existencia de unas 600 embarcaciones de este tipo ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de más medios en la lucha contra estas mafias, dedicadas ahora también a la cocaína y no solo al hachís.

La situación ha hecho que los ojos se fijen en uno de los primeros macrojuicios que se celebran contra los 11 acusados y una empresa investigados durante el operativo de 2022 llevado a cabo también en Portugal.

La vista comenzó en febrero y se retomará la semana que viene. Los acusados niegan las acusaciones y se sustentan en demostrar, por una parte, las piezas que se transportaron y cuyo destino aseguraban desconocer, y por otra que no se puede considerar un delito hasta que la embarcación está en el agua, algo que, sostienen, no ocurrió.

La Guardia Civil que llevó a cabo la investigación señala lo contrario: que los acusados eran conscientes de para qué iban a ir destinadas esas embarcaciones, para cuya construcción también se utilizaban naves en Portugal, donde, a diferencia de España, en ese momento no había prohibiciones. Ya sí. El país vecino equiparó hace solo unos días la regulación contra las narcolanchas a la española tras detectar un alarmante incremento de instalaciones y naves dedicadas a esta fabricación.

Las consecuencias de la entrada en vigor de la nueva ley han sido inmediatas. La Policía Judiciaria portuguesa informaba de un operativo, “Expresso das ondas”, llevado a cabo esta semana en 14 almacenes repartidos entre Lisboa, Leiria, Setúbal, Évora y Faro, en los que fueron intervenidas nueve embarcaciones.

El juicio en Vigo se retomará la semana que viene.

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