Cinco empresas de Mos pueden irse o cerrar por el conflicto con los comuneros

La Audiencia Provincial dio la razón a los dueños de los montes y tendrá que decidir el Tribunal Supremo. Si vuelve a fallar a su favor, los empresarios dejarán el polígono de Faquiña para irse a Portugal o cerrarán, ya que no están dispuestos a pagar a los comuneros hasta doce veces más de canon para desarrollar su actividad

Empresarios de Aemos, entre ellos afectados por el conflicto con los comuneros, en una de sus visitas a Valença.
Empresarios de Aemos, entre ellos afectados por el conflicto con los comuneros, en una de sus visitas a Valença.

La Audiencia Provincial estimó la semana pasada el recurso de los comuneros de Tameiga revocando la renovación de las concesiones de los terrenos del polígono de Monte Faquiña a cinco empresas, que se plantean irse a Valença o incluso cerrar si el recurso que interpusieron en el Supremo no llega a buen puerto. ¿La razón? Según manifiestan los empresarios, los dueños de los terrenos les subirían el canon para desarrollar su actividad en estas parcelas hasta un 1.200%, lo cual consideran absolutamente inaceptable.

El origen de este conflicto se remonta a hace medio siglo, cuando las empresas se instalaron en Monte Faquiña. En ese momento, los terrenos eran propiedad del Ayuntamiento de Mos, con quien firmaron una concesión de 50 años y, posteriormente, una prórroga acordada verbalmente de otros 25. Sin embargo, poco antes de que estas concesiones comenzaran a llegar a su final, un pleito entre la Comunidad de Montes de Tameiga y el propio Ayuntamiento derivó en un cambio de titularidad, y aunque durante este proceso se acordó respetar lo hablado entre empresas y gobierno municipal, finalmente los comuneros exigieron una subida de precio mucho más elevada –de un 1.200%– a los empresarios para renovar la concesión, por lo que fueron a juicio, que se resolvió en primera instancia con un fallo a favor de las cinco empresas que reclamaron. Fallo que se vio revocada la pasada semana con la sentencia de la Audiencia Provincial, que estima que la prórroga supuestamente concedida por el Ayuntamiento debió haber seguido una tramitación correcta.

“Lo que no nos parece normal es que un juzgado diga una cosa y el otro, otra diferente”, explica Ramón Alonso, dueño de Distribuciones Alonso Otero, una de las cinco empresas que está envuelta en este litigio. “Se supone que los argumentos son los mismos para un juez que para otro”, argumenta el empresario, que ve con optimismo el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo para que desestime el fallo de la Audiencia Provincial y las compañías puedan quedarse en el polígono de Monte Faquiña durante, al menos, un par de décadas más.

Alonso explica que algunos de sus compañeros se gastaron hasta seis millones en mejorar las instalaciones en los últimos años porque la renovación de las concesiones se daba por hecha. “Sabiendo cómo han cambiado las cosas en los últimos años podíamos pactar subir el precio del canon anual”, explica, pero “no en un 1.200%”. A Ramón todavía le quedan 7 años de la concesión antigua, por eso respira algo más tranquilo, pero comenta que se unió a la batalla legal “por solidaridad” y porque hizo una importante inversión duplicando la superficie de su negocio “pensando en la continuidad”.

Aunque su prioridad es quedarse en Monte Faquiña si el Supremo falla a su favor, Ramón Alonso no ve con malos ojos ‘mudarse’ a Valença, donde representantes de Aemos han estudiado en múltiples ocasiones mover negocios ante la falta de suelo empresarial en el ayuntamiento de O Condado. Además, añade: “Con lo que me quieren cobrar aquí los nuevos dueños en dos años, en Valença puedo comprar un terreno en propiedad”.

Continúa la rehabilitación de las naves calcinadas

Casi un año después del incendio que se llevó por delante cinco naves industriales en el polígono de O Rebullón, en Mos, el Ayuntamiento sigue con las obras de rehabilitación de estas estructuras. El proyecto ya se encuentra ahora mismo elaborando la consolidación del forjado en las naves siniestradas en marzo de 2022, un trabajo que no durará más de seis meses según las estimaciones municipales.

Las naves calcinadas pertenecían a seis empresas de transportistas, del sector textil, de embalaje y de carretillas elevadoras. El voraz incendio había comenzado de madrugada en una nave de mantenimiento de maquinaria de madera y se extendió por otras cuatro más en el polígono industrial mosense. Solamente en dos de ellas quedó “algo aprovechable”, según indicaron sus propietarios tras el suceso acontecido el año pasado.

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