Ecologistas de Vigo dicen que el nivel del mar subirá 35 centímetros

Verdegaia y Ecologistas en Acción demandan a la Xunta una ley contra el cambio climático para Galicia ‘verdaderos objetivos de reducción de los efectos de gases de efecto invernadero’ y proponen la creación de una Secretaría Xeral específica para abordar esta cuestión, vinculada a Presidencia o a una Vicepresidencia para a Sustentabilidade.

Otra de las peticiones pasan por desarrollar un ‘vigoroso’ programa de ahorro y eficiencia energética, por limitar ‘drásticamente’ la producción eléctrica con carbón, por fomentar las energías renovables, por crear servicios ferroviarios de proximidad, por fomentar la producción y el consumo local de alimentos ecológicos y por cerrar Sogama.

Los ecologistas también instan a establecer una moratoria en la construcción de nuevas autovías y autopistas mientras no se apruebe un Plan Galego de Transporte e Infraestructuras Sustentables. Uno de los puntos que más quisieron remarcar durante la presentación de la campaña ‘En acción ante el Cambio climático. No queremos naufragar’, que tuvo lugar ayer en Vigo, es alertar de que hay estudios que señalan que el nivel del mar subirá 35 centímetros a mediados del siglo en Galicia por el cambio climático y también aumentará el oleaje.

Estos colectivos apelan a la ‘participación de la sociedad’ en la toma de decisiones que contribuyan a la reducción de gases.

El principal objetivo es dar información a los ciudadanos sobre los impactos concretos sobre el litoral, ambos colectivos ecologistas abogan por sociedades ‘más activas’ para un camino ‘más efectivo y rápido’ hacia la sotenibilidad. Además de alertar de que la subida del nivel del mar se adelanta en el tiempo, Verdegaia y Ecologistas en Acción también advirtieron de que pueden producirse ‘severos daños’ y las especies que se cultivan sin suplemento alimentario y de una manera extensiva pueden verse afectadas. En este caso se encontrarían, según detallaron, mejillón, almejas, ostras y vieiras en las rías gallegas. Por ello, analizan que habría ‘un perjuicio social y económico muy importante para Galicia’.