Los diez concejales corruptos de Vigo, condenados por la joya de Vitrasa

En este repositorio de historias de Vigo, desde la perspectiva de un viajo periodista que las conoció en directo, traigo hoy a estas páginas un episodio singular, acompañado por una foto de Llanos en la que se ven a los antiguos tranvías y los primeros buses de Vitrasa en la Puerta del Sol. Ya hice leve alusión a aquel caso de los diez concejales de la corporación de Portanet que fueron condenados por el Tribunal Supremo por un delito de cohecho, por haber recibido joyas por casi 170.000 pesetas por la concesionaria del nuevo transporte público tras haber votado a favor de Vitrasa. En la Audiencia Provincial, el fiscal del caso fue Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, padre del actual presidente del Tribunal Constitucional y en la Audiencia de Pontevedra presidió la vista Mariano Rajo, padre del que sería presidente del Gobierno.

Ahora que está presente el asunto de las joyas de Zapatero, el de los concejales de Vigo fue uno de tantos antecedentes vergonzosos, que finalmente el Supremo corrigió, luego de que la Audiencia Provincial absolviera inicialmente a los corrompidos. La historia se inicia el 16 de mayo de 1968, cuando la Corporación municipal de Vigo, reunida en Pleno y presidida por el alcalde Rafael Portanet, aprobaba la adjudicación a la empresa Vitrasa del nuevo servicio de transporte urbano con autobuses, que implicaría la desaparición, el 31 de diciembre de aquel mismo año, de los históricos tranvías que desde 1914 habían articulado la ciudad y las villas próximas.

Sin duda agradecido por su voto, el consejero delegado de Vitrasa, Álvarez Arrojo, quiso tener un detalle de 169.700 peseta con diez de los concejales favorables. Al descubrirse el asunto, la fiscalía intervino, pero la benévola Audiencia de Rajoy padre absolvió a los ediles, dando por buenas sus peregrinas explicaciones que no había relación entre los regalos y el voto. Pero, gracias a la constancia de Conde-Pumpido padre, dos años después, el Supremo evocaba aquella decisión y los ediles fueron condenaba por soborno.

Aquel fue el primero de otra serie de escándalos centrados en el futuro en el Ayuntamiento de Vigo, hasta el extremo de que, en algunos medios, la casa consistorial pasó a ser llamada “la casa de las trampas”- La inauguración de Vitrasa fue un gran acontecimiento social el 28 de agosto de 1968. Se celebró un gran banquete al que asistieron trescientos comensales. La sentencia del Supremo reflejaba la realidad de aquella historia. Temerosos de que recibir las joyas fuera pecaminoso, varios concejales llegaron a consultar con el señor alcalde la procedencia de aceptar los regalos; pero Portanet le restó importancia. Pero no fue así.

Cuentan las crónicas de la época que, ante la prisa del alcalde por sacar de la calle a los tranvías e inaugurar los autobuses, Álvarez Arrojo decidió dejar otra constancia del evento y tenía previstos más regalos. Se trataba de unos objetos conmemorativos del evento y se puso en contacto con los joyeros Hernández Hermanos, para encargarles la confección de unas placas, bandejas o cosas similares, con elementos figurativos alusivos a la efeméride. Pero dada la urgencia cambió de criterio. Quedó demostrado que

“decidió transformar los objetos alusivos en pequeños obsequios a las señoras de las personalidades participantes en el acto inaugural, a cuyo fin adquirió en la joyería Hernández Hermanos los días 23 y 26 de agosto diversas joyas por valor de 169.700 pesetas, que en parte fueron repartidas entre los concejales procesados en los días inmediatos a la inauguración y junto con la invitación a su asistencia”

La sentencia da detalle de los regalos que repartió Vitrasa: Desde un collar de perlas cultivadas de 17.500 pesetas hasta una pulsera de oro de 5.750 pesetas. Rajoy padre no apreció el delito, pero Conde-Pumpido siguió adelante, hasta que el Supremo consideró delito de soborno. En su disculpa, los concejales argumentaron que habían recibido los regalos después de la adjudicación, que más tarde habían votado en contra de pretensiones de la empresa o que el importe de las joyas no era tan alto en comparación con los ingresos que ya tenían. A pesar de la condena por soborno ligada a la adjudicación de los autobuses urbanos, la concesión no sería revocada y, tras ganar un nuevo concurso en 1994. La condena, que dejó fuera al propio alcalde, supuso la suspensión de los diez concejales para ostentar cargo público durante dos años, multados con cinco mil pesetas cada y tuvieron que entregar las joyas para que fueran subastadas por Hacienda. Todo un escándalo de la época