Desalojados del Carmen piden ayuda: “O como o pago el alquiler”

Las 21 personas que viven en la pensión Nuestra Señora del Carmen, la más antigua de la ciudad desde 1970 y que cerrará sus puertas el 31 de diciembre, piden ayuda para no quedarse en la calle. La pensión, que ofrecía habitaciones a precios de poco más de 200 euros, acogía a residentes que llevaban hasta 15 años viviendo allí, con escasos ingresos y alternativas económicas para acceder al mercado de alquiler actual.

Los residentes contactaron con el Concello en busca de soluciones, pero por el momento no encontraron alternativas viables. Desde la Asociación de Vecinos de Freixeiro destacan que los afectados son vecinos más del barrio, que pagan sus alquileres y tienen su vida en la zona, pero advierten que la situación los tiene “psicológicamente fatal”. Entre ellos hay mayores y enfermos, algunos con necesidades médicas: un hombre se encuentra ingresado en Povisa tras una caída en las escaleras de la pensión y otra persona que depende de oxígeno tuvo que ser ingresada en ambulancia ayer por la mañana.

“Estamos con el agua al cuello”, asegura Moisés, uno de los residentes, que relata la angustia que les genera la búsqueda de una nueva vivienda. “Estoy buscando habitación como un descosido, pero piden aval, nómina de 1.300 euros y todo está a precios de 350 o 400 como mínimo; si a duras penas alcanzamos ahora, con esos precios, o pago el alquiler o como”, explica. La ansiedad afectó de manera directa a su salud: “Los primeros días tras el aviso me levantaba de madrugada y vomitaba”, confiesa un residente, mientras otro señala que dedican “las 24 horas a buscar sitios”.

Los vecinos del barrio también mostraron su apoyo y llegaron a escribir directamente al Concello su preocupación: “Los pobres se reúnen con todos, tocan todos los palos, con recursos limitados, pero no veo que nadie esté ayudando a resolver este problema”, lamenta, Pili, que contactó con el Ayuntamiento por ellos.

El Concello estudia la situación

Desde la propiedad de la pensión justifican el cierre por su jubilación y la antigüedad del inmueble, que requiere una reforma para la que no cuentan con recursos suficientes. Mientras tanto, los 21 residentes enfrentan la incertidumbre de no saber dónde podrán vivir a partir de enero.

Por su parte, la concejala de Política Social del Concello, Yolanda Aguiar, reivindicó que su departamento ya trabaja de forma “individualizada” con cada afectado para buscar soluciones, indicando que el Ayuntamiento dispone de mecanismos para sufragar seguros o las primeras mensualidades cuando se encuentren soluciones habitacionales para estas personas. Aguiar también lamentó que BNG y PP pretendan “sacar rédito político” de la situación e instó a los populares a pedir también a la Xunta que busque alternativas.

PP y BNG reclaman alternativas para los afectados

El BNG y el PP de Vigo pidieron ayer una alternativa para las 21 personas amenazadas de desalojo por el cierre de la pensión. Los nacionalistas lamentaron la “violencia institucional” del Concello y de la Xunta contra estos inquilinos en “situación de vulnerabilidad social”, urgiendo soluciones a ambas administraciones.

“Es una tomadura de pelo que la única opción que les ofrecen es buscar un alquiler en una ciudad con precios imposibles por encima de los 700 euros mensuales de media”, aseguró el portavoz del Bloque vigués, Xabier Pérez Igrexas. Tras reunirse con personas afectadas y representantes de la Federación Vecinal Eduardo Chao (Favec), Igrexas tachó de “indecente” la “inacción” tanto de la Xunta como del Ayuntamiento ante unas personas “sin apenas ingresos” que “van a acabar en la calle a final de año”.

Por su parte, el PP de Vigo recordó que a principios de este mes se reunió con afectados por el cierre de esta pensión, indicando que solicitó soluciones al gobierno local. “Vaya por delante que no queremos generar ningún conflicto ni abrir un frente político en temas tan delicados como este, pero las personas afectadas por el cierre de la pensión necesitan un realojo lo antes posible. Nos pidieron una reunión, les hemos escuchado como procedía y, desde nuestro punto de vista, el Ayuntamiento de Vigo debe ofrecerles algún tipo de amparo”, destacaron desde el PP, añadiendo que conocen que Política Social está valorando la situación.