Desalojadas en Vigo dos pensiones clandestinas y realojados los 46 inquilinos

Un dispositivo conjunto entre las concejalías de Seguridad, Urbanismo y Política Social ejecutó ayer la orden de desalojo forzoso de los 46 inquilinos de los edificios 11 y 13 de la calle Fisterra, donde se había constatado un grave riesgo por la instalación eléctrica de ambas edificaciones. La propietaria de los inmuebles, Centro Finist S.L, que acumula varias multas por incumplir las indicaciones de acometer reformas y mantenimiento, tendrá que hacer frente al coste de dicha ejecución bajo amenaza de embargo de estos bienes en caso de incumplimiento, según confirmaron fuentes municipales.

El desalojo se precipitó después de que unas horas antes, sobre las 7,30, un vecino del número 13 avisara a los agentes por el fuerte olor que desprendía uno de los pisos de la primera planta cuya puerta estaba entreabierta. Los efectivos acudieron al inmueble y descubrieron el cadáver de una persona de 56 años, que tuvo que ser rescatada por los bomberos al encontrarse atrapada en el interior de la vivienda. Una vez se certificó su fallecimiento por los efectivos sanitarios, se procedió al levantamiento del cadáver, que no presentaba signos de violencia. Una primera inspección forense apuntaría a que podía llevar varias semanas muerto.

Tras ser retirado el cuerpo, se desplegó el dispositivo, que contó con un servicio de mudanzas y una carpa provisional para ofrecer apoyo a todos los residentes. Según explicó la concejala de Política Social, Yolanda Aguiar, “se les ha otorgado una alternativa habitacional”. Destacó que 28 fueron realojados en hoteles, mientras que siete encontraron una solución residencial alternativa con financiación municipal de la fianza, el aval y las primeras mensualidades. Tres de estos moradores están en recursos municipales con un piso básico y de transición a la vida autónoma y ocho rechazaron la ayuda de servicios sociales. Aguiar incidió en que "el trabajo social no acaba aquí", sino que el Concello está implicado en la búsqueda de soluciones de vivienda definitivas. Además, se contrató un servicio de mudanza para envío de enseres al depósito municipal y custodia de los mismos, y un servicio de guardería de mascotas.

El edificio fue desinfectado y desratizado y finalmente precintado. Algunos residentes se quejaron de la situación en la que vivían. Afirmaron que los edificios funcionaban como pensión ilegal y que pagaban 250 euros al mes “en negro” al propietario por vivir en un lugar “con cucarachas y ratas”. El colectivo Os Ninguéns y el BNG criticaron la falta de una política de vivienda pública.

Ricardo, la víctima número 13

Natural de Madrid, Ricardo, de 56 años, llevaba semanas enfermo. “No tenía buena cara”, comentaban. Residía en el número 13 y solía pedir por las calles. Según una vecina, “llegó a estar en el hospital y pensamos que quizá le habrían ingresado otra vez porque dejamos de verle”. El fuerte olor de su vivienda destapó el peor de los finales, había fallecido sin que nadie se diera cuenta. Es la víctima número 13 de la pobreza en Vigo en un año.