Los desahucios salpican a grandes empresarios tras quebrar con la crisis

Con 18 años de antigüedad, la fabricante viguesa Mecanizados UME llegó a tener una importante facturación y cerca de 140 empleados, además de la certificación acreditativa para optar en la subcontratación como preveedores de primer nivel del Airbus. Víctima de la crisis económica, comenzó a tener pérdidas en 2009, y unos años después declaró un concurso empresarial y otro personal que acabó con el patrimonio de la familia.

Ayer, un juzgado vigués ordenaba el desahucio de la hija del dueño, su marido y su hijo de 10 años de su vivienda en Saiáns, después de que un comprador se hiciera con la propiedad en subasta.

El aval a la empresa con la hipoteca de la casa llevó a la familia una situación límite que de momento se paralizó debido al estado de ansiedad de la afectada durante la llegada de la comisión judicial. Fue la asistencia sanitaria la que aconsejó detener el desalojo por motivos de salud, pero no será un suspenso definitivo sino simplemente una tregua de unos días que deja a un matrimonio con un menor en la calle si nadie lo remedia.

El de ayer es uno de los primeros desahucios a grandes empresarios registrados en Vigo a consecuencia de la crisis económica.

Según explica Carlota Pérez, de Stop Desahucios, "no son casos habituales pero sí se detectan algunos", entre ellos, recuerda, el de un constructor, en un caso muy similar. La portavoz del colectivo asegura que "se ha notado un repunte de ejecuciones hipotecarias" y de hecho el Instituto de la Vivienda ya tiene una reserva para estos casos.

Respecto a la familia de Saiáns, la dificultad radica en que la vivienda ha sido adjudicada a un particular y no a un banco, "algo que complica la situación", asegura y que estamos notando "que comienza a darse con más frecuencia". Hasta ahora, eran las entidades bancarias las que se quedaban con la propiedad subastada, sin embargo, ahora resurgen los particulares, "descubrimos varias que fueron a parar a un bufete de abogados de A Coruña".

La intención ahora de la plataforma es ayudar a esta familia, como hacen con todos los casos que llegan a la asociación, la mayoría por impago de alquileres. "Se encuentran en un momento muy complicado del proceso pero vamos a ver si se puede recurrir por lo menos hasta que termine el curso escolar atendiendo a que el hijo es menor de edad", afirma Pérez quien admite que "en estos casos todavía es más complicado pedir ayuda y cuando lo hacen puede ser tarde". Aún así, desde el mismo día de ayer, la asociación se puso manos a la obra para hace todo lo posible por evitar el desahucio inminente.

Hasta ahora, cerca de un 40% de los lanzamientos en Vigo se debían a impago de alquiler, mientras que el resto pese a ser ejecuciones hipotecarias eran mayoritariamente de fincas, locales o segundas viviendas. La situación parece haber modificado ligeramente ese último apartado con un repunte de ejecuciones de residencias habituales.

"No hay mejorías, sigue habiendo casos todos los días y nos cuesta mucho realojar a los afectados que buscan un piso en alquiler", afirma Pérez.

"El comprador en subasta quiere la casa para invertir, mi hija para vivir"

n n nAlberto Miranda Lago era el dueño de Mecanizados UME. Recuerda que su empresa llegó a ser muy importante y que tenía un buen nivel de vida. "La crisis nos dejó sin nada. Después de invertir el último dinero que teníamos en abogados, nos encontramos con que el juzgado ordena el desahucio", explicaba ayer. Miranda explicó que "esta situación nos está afectando muchísimo, a todos, y el estado en el que se encuentra mi hija llevó al médico a impedir el desalojo".

El exempresario, que supera los 60 años, lamenta todo lo ocurrido hasta la fecha y afirma sentirse "engañado y abandonado". Pese a haber estado rodeado de personas influyentes y conocer a otros empresarios, políticos y directivos, reconoce que "eres amigo mientras estás en ese círculo".

Alberto Miranda asegura que el proceso judicial ha estado repleto de circunstancias "extrañas". Explica que la vivienda de Saiáns, "salió a subasta por 200.000 euros como en casa en ruinas y hace 40 años lo era pero mi hija pidió una hipoteca de 300.000 para dejarla totalmente reformada".

Relata que "un comprador se la adjudica en subasta pero me dicen que tenemos que llegar a un acuerdo para que pague la diferencia referente a lo que se ha invertido de más porque si no tiene que tirar todo lo que hay".

"Nunca hubo ese acuerdo y yo pagué a un intermediario una cantidad para que mi hija pudiera quedarse cinco años en la casa. De pronto me encuentro con la orden de desahucio y con un abogado que me dice que no hay nada que hacer", afirma. La razón que asegura que le dieron es porque "dicen que no es su residencia habitual, porque tiene un piso Florida, que no salió a subasta pero también del banco y no es cierto, siempre vivió allí y tiene un niño pequeño".

Asegura que la vivienda se la ha adjudicado un mando de la Guardia Civil que la "quiere para invertir pero mi hija la necesita para vivir". Antes, él ya sufrió las consecuencias de la crisis, "nos hemos quedado sin nada" y "lo peor es ver cómo está mi familia".n