Los desahucios bajan en Vigo pero alcanzan hasta cafeterías en activo

Los juzgados de Vigo ejecutaron el año pasado un total de 399 órdenes de desahucios e ingresaron 402 demandas contra inquilinos o propietarios morosos. La estadística de la Oficina de Notificaciones y Embargos refleja que en el último trimestre, el número de peticiones de desalojo descendió ligeramente respecto al año pasado, pasando de los 101 registrados entre septiembre y diciembre de 2021 a los 94 entre septiembre y diciembre de 2022, si bien bajaron los que se llevaron a cabo en parte al haberse declarado inhábil el periodo navideño.

Pese a la media de más de un desahucio al día, destaca el elevado porcentaje de los lanzamientos de familias que fueron paralizados, al amparo del escudo social prorrogado por el Gobierno, al encontrarse sin alternativa habitacional. Desde la citada oficina judicial destacan que dicho porcentaje se situaría entre el 40 y 50% y engloba en todos los casos a situaciones de impago de alquiler. Según señalan, aunque también se registraron a lo largo del año pasado ejecuciones hipotecarias, se trata de un 20% frente al 80% de alquileres, y en estos casos, cuando la comisión judicial llevó a cabo el lanzamiento, los moradores ya habían abandonado la vivienda.

No ocurre lo mismo en el caso de arrendatarios con varios miembros y menores, donde el proceso se alarga hasta contactar con servicios sociales para obtener una opción donde poder residir para no tener que quedarse en la calle.

En la cifra total de demandas de desahucio por impago también se incluyen los locales comerciales. El pasado año, se llevaron a cabo varios desalojo de establecimientos de hostelería, que dejaron de pagar la renta tras un ejercicio marcado por el encarecimiento de las materias primas y las energías, con unas tarifas de la luz que llegaron a estar desbocadas. En uno de los casos, incluso, el personal judicial encargado de ejecutar el lanzamiento se llevó una sorpresa al encontrarse la cafetería funcionando y el personal atendiendo a los clientes, a pesar de la notificación.

Las dificultades para hacer frente a los pagos generaron además un número de órdenes de embargos por encima de los 400, más que desahucios ejecutados, con un descenso respecto al año anterior principalmente también tras el verano. Solo en el último trimestre, de septiembre a diciembre, los juzgados ingresaron 94 nuevas demandas para embargar bienes y se ejecutaron 73, mientras que en el mismo periodo de 2021, se recibieron 118 peticiones y se llevaron a efecto 128.

Respecto a las órdenes de desalojo por okupación, el porcentaje fue muy pequeño, confirmaron desde la oficina judicial donde también aseguraron que en general los lanzamientos de todo tipo se pudieron llevar a cabo sin incidentes notables y en contadas ocasiones se requirió la presencia de la Policía Nacional, ante inquilinos reacios a abandonar el inmueble, incluso en alguna ocasión llegándose a aplazar por unos días ofreciendo un plazo de gracia.