Una denuncia presentada en Vigo impulsa el cierre de las primeras webs de gestación subrogada
Tribunales
La Fiscalía logra por primera vez clausurar páginas que publicitaban esta práctica ilegal tras una denuncia inicial presentada por una asociación feminista viguesa
La Fiscalía ha conseguido cerrar en España, por primera vez, páginas web que publicitaban la gestación subrogada, una práctica prohibida por la ley, según informó la fiscal de consumo de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Paloma Pelegrín.
La actuación se originó a raíz de una denuncia presentada en 2024 por una asociación feminista de Vigo, que fue remitida a las fiscalías de Barcelona y Madrid. En dicha denuncia figuraba un listado de empresas, instituciones y abogados que presuntamente ofrecían asesoramiento, intermediación y publicidad sobre la gestación subrogada, pese a estar prohibida por la Ley 14/2006 de técnicas de reproducción asistida y por la Ley Orgánica 1/2023 sobre salud sexual y reproductiva.
Vigo, punto de partida de la investigación
La iniciativa viguesa fue clave para detectar intermediarios que hacían publicidad “descarada” de la gestación subrogada, con sede en Barcelona, Madrid, Málaga o Guadalajara, entre otros lugares. Según la fiscal, estas empresas cosificaban tanto a las mujeres como a los bebés en sus mensajes publicitarios.
En Barcelona, la Fiscalía logró mediante mediación que dos empresas retiraran voluntariamente la publicidad, lo que permitió el archivo de los casos. En Madrid, se presentaron dos demandas, una de las cuales culminó en sentencia condenatoria.
Primera sentencia en España
El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid dictó medidas cautelares ordenando el cierre de la web y de los perfiles en redes sociales de una empresa hasta la celebración del juicio. Más tarde, la sentencia declaró que la publicidad era “ilícita y desleal”, obligando a la empresa a cesar su campaña y publicar la resolución judicial en sus plataformas.
Pese a estos avances, la Fiscalía advierte que continúan operando numerosas webs internacionales que publicitan esta práctica ilegal en España. Por ello, se ha solicitado a las Administraciones Públicas que bloqueen el acceso a dichas páginas.
El Instituto de las Mujeres ha mostrado su disposición a colaborar, aunque la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha indicado que no tiene competencia directa para ordenar el bloqueo, dado que podría entrar en conflicto con la libertad de expresión, por lo que el procedimiento deberá canalizarse a través de los tribunales.
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