La crisis impulsa en Vigo los desahucios de negocios por impago de alquileres

La pandemia desvirtuó las estadísticas de desahucios en Vigo pero no frenó las demandas. El parón del covid hizo que se registrara en 2020 la cifra más baja de lanzamientos en los últimos ocho años pero ya se advertía un repunte para 2021. Este año, la media va en aumento y ya se registran algo más de diez a la semana, superando los 238 de todo el ejercicio anterior. Los más afectados siguen siendo los impagos de alquileres y crecen los referentes a locales. Desde el Servicio de Notificaciones y Embargos de los juzgados aseguran que se ha detectado un aumento de órdenes de desalojo de establecimientos, algo que se conecta directamente con la situación generada por el covid.

Los vaivenes de las restricciones durante la pandemia y el elevado coste de la luz han puesto en la cuerda floja a muchos autónomos, obligados a echar el cierre y abandonar los locales por no poder hacer frente a las cuotas mensuales del alquiler, que en algunas zonas de a ciudad es especialmente elevado.

A la espera de conocer la estadística del último tramo del año, fuentes de la citada oficina aseguran que sigue habiendo demandas a un nivel similar al de años pasado, siendo los lanzamientos de ejecuciones hipotecarias en viviendas de primera ocupación, un menor porcentaje.

Para este mes de septiembre se siguen señalando desalojos, si bien hay varios que ya se han paralizado tras extender el Gobierno la prórroga para familias vulnerables hasta el 31 de octubre. “Los lanzamientos están acordados igualmente, pero a última hora se ordena en algún caso no llevarlo a efecto hasta nueva orden. De momento, no se pueden cuantificar porque en muchos casos dicha orden es de última hora”, afirman en este servicio donde señalan que se han dado también situaciones en los que los propios inquilinos ya habían abandonado el inmueble antes de que se hiciera efectiva la orden desalojo.

La situación podría empeorar una vez finalice la prórroga. Lo advierte el colectivo Stop Desahucios que en Vigo ya alertaba de las dificultades de poder negociar con los propietarios de algunos inmuebles, al estar muchos de ellos en manos de fondos buitres.

Los juzgados ya revisan desde hace años la situación particular de cada familia, poniendo en conocimiento de los servicios sociales los casos en los que se considera que pueda haber una solución habitación. A eso se añade ahora la prórroga del llamado “escudo social” que además incluye moratorias en el pago de alquiler y prohibición de cortes de luz y agua. El temor de los colectivos que trabajan para ayudas a las familias más vulnerables está en el horizonte a partir del 31 de octubre, cuando finaliza el plazo y se reactivarán los lanzamientos que estaban listos para señalar fecha.

Las previsiones no obstante desde el servicio judicial no son especialmente pesimistas, “tenemos señalamientos todo el mes, pero no se nota un especial aumento de casos respecto a años anteriores”

Más de 160 locales comerciales en Vigo, a subasta judicial en los últimos tres años

Junto al impago de alquiler, al igual que ocurre con las familias, los propietarios de locales con hipotecas sobre sus inmuebles se ven afectados por la crisis. En lo que va de año, los juzgados han sacado a subasta pública una quincena de establecimientos comerciales en la ciudad, pero en los últimos tres años la cifra ya supera los 160. Según el portal de subastas, las zonas más afectadas son Traviesas, Calvario, centro y Travesía de Vigo, con especial incidencia en algunas calles como Urzaiz, Venezuela, Plaza da Princesa o Independencia. La gran mayoría de ellas finalizaron sin pujas y con valoraciones muy dispares dependiendo las características y la ubicación, oscilando entre los 3.000 euros la de menor valor y más de medio millón de euros por un una propiedad de 723 metros cuadrados situada en el barrio del Calvario.

La reclamación de deudas también llevaron a un lote completo de cuatro locales comerciales en plena calle de Urzaiz a subastarse por un valor superior al millón de euros, que finalmente fue cancelada el pasado mes de abril. De igual forma, la situación económica deriva en ejecuciones de embargos. En los seis primeros meses ya se realizaron 253, lo que supone un incremento de más de un centenar respecto al mismo periodo del año pasado y la mayoría se centra en órdenes sobre las cuentas bancarias de los deudores que, de esta forma, pueden hacer frente restando cierta cantidad a sus nóminas, los pagos por deuda contraidas con entidades financieras principalmente.