Crecen las reclamaciones por el uso sin permiso de información personal

La Agencia de Protección de Datos se ha convertido en uno de los canales cada vez más habituales que los vigueses utilizan para hacer valer sus derechos de protección ante el incremento de tráfico de información personal sin consentimiento. Las estadísticas de resoluciones de esta entidad reflejan el aumento de reclamaciones no solo referentes a la captación de imágenes de cámaras de videovigilancia, sino también las relativas a las irregularidades en el tratamiento de datos personales por parte de las empresas.

En un año y medio, la Agencia ha dictado más de una decena de resoluciones referentes a reclamaciones realizadas por ciudadanos de Vigo, algunas de ellas con imposición de sanciones. La más reciente, del mes de julio pasado, multó a una empresa eléctrica con 200.000 euros por infracción del reglamento, ordenándole además la adopción de medidas que garanticen el tratamiento respecto a las nuevas contrataciones de servicios de suministro eléctrico y gas.

La decisión se adoptó después de que un usuario denunciara que la compañía realizó un cambio de titularidad de su contrato, así como del número de cuenta sin su consentimiento. Fue otra persona la que solicitó el cambio pero se le realizó al domicilio del afectado, que presentó también una reclamación a la Consellería de Industria de la Xunta, resolviendo que hubo una suspensión indebida del suministro eléctrico.

La empresa demandada reconoció un error del agente proveedor de otra compañía que se encarga de prestar servicios de venta y tramitación de contrataciones de sus productos y que atendió la petición de otra persona, insertando en el sistema la dirección con un error en el número del portal, sin embargo, Protección de Datos recuerda la obligación de contar con un control sobre dichos procedimientos.

Multa de 5.000 euros por el uso político de una imagen

Las reclamaciones presentadas por usuarios vigueses ante la Agencia Protección de Datos, no solo se limitan a empresas por usos comerciales de datos, también a asociaciones, entidades e incluso comunidades de vecinos o particulares por la captación indebida de imágenes por la posición de las cámaras de seguridad de las viviendas. Entre los reclamados también se encuentran la Universidad de Vigo, que fue requerida para modificar la plataforma en la que un profesor alertaba del acceso a los DNI o partidos políticos. Una imagen utilizada por el PP de Mos para el programa electoral 2023-2027 de unos profesores durante una visita en la que acudió la alcaldesa y concejala y sobre la que había previa advertencia de no usar con fines ideológicos derivó en una multa de 5.000 euros.