Crece la acción judicial en Vigo por conflictos sobre los hijos por salud, educación o religión

Cada vez son más las madres y padres separados que acuden al juez para resolver discrepancias sobre asuntos relacionados con sus hijos. El creciente número de expedientes de Jurisdicción Voluntaria sobre menores respecto a desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad que ingresan los juzgados de Primera Instancia de Vigo así lo refleja. En solo tres años, la cifra se ha multiplicado por siete, pasando de once en 2018 a un total de 81 el año pasado. Incluso en 2020, cuando la pandemia tuvo un efecto de parón judicial, el número ya superaba el medio centenar, por encima de la veintena de 2019, en era precovid.

A esta vía se recurre cuando hay desavenencias en distintos aspectos fuera de lo que se considera la actividad ordinaria del hijo, y aunque hay diferentes aspectos que no vienen especificados por temas en la estadística judicial los casos más frecuentes, según fuentes letradas, suelen estar relacionados con el ámbito educativo del menor.

La elección de centro escolar (si es público o privado, laico o religioso se encuentra en España o en el extranjero) y principalmente el cambio del mismo puede llevar a una confrontación entre ambos progenitores. A priori lo que podría ser un problema menor se ha agravado por motivos económicos. “La crisis ha hecho que alguna de las partes se oponga por ejemplo a tener un incremento en el gasto por ser un colegio de pago o incluso por algunas extraescolares que supongan un desembolso importante”, explican.

Algo parecido sucede con la formación del menor en determinadas creencias religiosas. En este caso, relatan que el mayor conflicto se refiere a la participación en determinadas celebraciones, como el Bautismo o la Primera Comunión, por los costes de la ceremonia así como la presencia de los familiares de ambos progenitores.

Una vez se abre este procedimiento, el juez resuelve no sobre la cuestión de fondo, sino sobre a quién atribuye la potestad para tomar la decisión.

Los asuntos sanitarios extraordinarios comenzaron a verse en los juzgados con la vacuna del covid, cuando uno de los dos progenitores no daba su consentimiento.

Emancipaciones o medidas frente al secuestro parental

La Ley de Jurisdicción Voluntaria en asuntos de familia y menores tiene otros muchos vértices y ha sido modificada recientemente para ampliar los derechos de las personas con discapacidad. La solicitud de emancipación es uno de ellos. Aunque la mayoría de edad está en los 18, a los 16, un menor puede pedir la emancipación si reside fuera de la vivienda de sus padres. En todos los casos que interviene el juez la intención es defender los derechos del menor o la persona con discapacidad, de ahí que puedan dar su propia opinión, en el caso de los primeros cuando hayan cumplido los 12. La intervención de un juez también es una vía para proteger al menor cuando hay una sospecha de que pudiera ser objeto de un secuestro por parte de uno de los progenitores, solicitando la prohibición de la salida del territorio nacional sin autorización judicial.

Los expedientes de familia, no solo menores, que recibieron los juzgados el año pasado en Vigo ascendieron a un total de 142.