Crecen las demoliciones forzosas por ruina ante la pasividad de los dueños

Las demoliciones forzosas de viviendas en estado ruinoso se han intensificado en los últimos años, ante la incapacidad o la inacción de muchos propietarios para mantener sus inmuebles en condiciones seguras. La situación preocupa tanto a los vecinos como a los servicios municipales, que se ven obligados a intervenir para evitar riesgos para la población.

El ejemplo más reciente se dio en el número 49 de la calle Santa Tegra, en Teis, donde la Xerencia de Urbanismo procedió esta semana a derribar una vivienda de dos plantas, apuntalada desde hace años, tras constatar los bomberos el alto riesgo de derrumbe. La operación se realizó sin desalojar la vivienda colindante, aunque requirió el cierre de un tramo de calle y estrictas medidas de seguridad.

Actualmente, el Concello busca a más de 40 propietarios de viviendas abandonadas o en ruinas, muchas de ellas sin habitar desde hace más de una década. Cuando los dueños no atienden las notificaciones ni ejecutan las reparaciones pertinentes, el Ayuntamiento puede asumir la demolición subsidiaria y repercutir los costes, e incluso subastar el terreno para recuperar los gastos.

Jesús Martínez Valverde, responsable de la empresa de derribos Darda, explica que “cuando hay riesgo inminente de caída y los dueños no aparecen, se hace cargo el Concello, que lo saca a licitación y llama a las empresas de demolición”. El precio varía, aunque estima la intervención más económica “en 100 euros el metro cuadrado”, si bien“si hay mucho riesgo, sale más caro”. Además, todos los residuos “tienen que ir a su planta de reciclaje correspondiente”, lo que también añade un coste.

El administrador de Demoliciones Vicava, Manuel Rodríguez, fundó su empresa hace año y medio después de haber trabajado en otra compañía del sector, lo que refleja el dinamismo de esta actividad empresarial. Rodríguez explica que hoy día la demolición es más compleja y costosa. Además, explica que antes de presupuestar hay que visitar la obra y planificar la seguridad, y que el precio depende del estado del inmueble, la cantidad de escombros, la seguridad del firme o el número de alturas, entre otros factores. Además, Rodríguez añade que encontrar personal especializado es cada vez más difícil.

Los datos del Instituto Galego de Estatística muestran un incremento progresivo de licencias de demolición en edificios en Vigo y la provincia: fueron 24 en 2016, 48 en 2006 y 61 en 2024, últimos datos anuales completos. Aunque no todas corresponden a derribos forzosos, reflejan la tendencia de un parque inmobiliario envejecido.

Vecinos de Teis, O Calvario y otros barrios de la ciudad destacan que muchas casas abandonadas se han convertido en vertederos, nidos de okupas o puntos de inseguridad, y reclaman actuaciones más rápidas. La lentitud administrativa y la dificultad para localizar a los propietarios mantienen en pie construcciones que amenazan con desplomarse en cualquier momento.

El derribo en rúa Santa Trega costó 23.038 euros, que se reclamarán a los propietarios

El Concello de Vigo ejecutó la demolición de la edificación situada en la rúa Santa Tegra nº 49 el pasado martes con un coste total de 23.038,40 euros, que será reclamado a los propietarios, conforme a la normativa vigente, según se recoge en la documentación de la próxima reunión de la Gerencia de Urbanismo. La intervención se realizó por emergencia tras detectar los bomberos un riesgo grave e inmediato para la seguridad, confirmado posteriormente por los arquitectos municipales. Los informes técnicos señalaron un agotamiento estructural generalizado, que hacía inviable cualquier medida de refuerzo.

La empresa adjudicataria, Demoliciones y Excavaciones Darda, fue seleccionada por ofrecer la oferta más económica y contar con disponibilidad inmediata para ejecutar los trabajos. Las obras incluyeron la demolición total, retirada de escombros, limpieza del solar y cerramiento de la parcela, garantizando la seguridad de las edificaciones colindantes y del viario público. 

Los propietarios habían sido requeridos previamente en mayo de 2021 para adoptar medidas correctivas, sin que se registrara ninguna actuación. La resolución de ruina y la orden de ejecución subsidiaria se notificaron formalmente en diciembre de 2025, tras lo cual se procedió a la contratación por emergencia, un procedimiento que permite actuar de forma inmediata sin seguir los plazos habituales de licitación, cuando existe peligro inminente.

El responsable de la empresa, Jesús Martínez Valverde, explicó a Atlántico que ya acudieron a la edificación antes de Navidad, valorando positivamente ya entonces el derribo del inmueble, aunque no se ejecutó debido a la notificación a los propietarios de la decisión municipal.

Un parque inmobiliario con una antigüedad media de 42 años

La antigüedad media del parque inmobiliaro también explica este aumento. El último dato publicado por el Instituto Galego de Estatística refleja que en el año 2020 las viviendas de Vigo y la provincia tenían una edad promedio de 42 años, frente a los 37 años del 2010.

La aprobación del nuevo PGOM y las reformas de diversas ordenanzas del ámbito del urbanismo como la de concesión de licencias o juntas de compensación serán un empuje para la construcción de nueva vivienda, que implicará también el derribo de inmuebles abandonados en diferentes puntos de la ciudad.