Crecen las causas judiciales por acoso inmobiliario en Vigo

Lo que hasta hace cinco años era una tema prácticamente residual en los juzgados, ha ido creciendo hasta llegar el pasado año a más de una causa abierta por la Fiscalía al mes en Vigo y provincia. El acoso inmobiliario, o ‘mobbing’, que el Código Penal castiga con entre penas de seis meses a dos años de cárcel, hizo que la Fiscalía abriera hasta 15 diligencias en 2022, según se recoge en la memoria de este año, lo que supone un 25% más que en el ejercicio anterior y un 90% por encima de 2019, cuando solo hubo dos causas.

Este delito exige la realización de una conducta violenta, que abarca la intimidación y la fuerza en las cosas, con la finalidad de impedir el “legítimo disfrute de la vivienda” pudiendo derivar cuando las coacciones son más graves en otro tipo de delitos contra la integridad moral.

Aunque con cuentagotas, las denuncias, en su mayoría de inquilinos de renta antigua que sufren hostigamiento por parte de la propiedad para abandonar las viviendas, van en aumento.

Fuentes letradas aseguran que hay muchos más casos que no llegan por vía penal, por las dificultades para probar el acoso y habitualmente se inicia un procedimiento civil ya que entre las formas de actuar para disuadir a los moradores es por ejemplo, negarse a realizar obras en el inmueble. “Es difícil probar penalmente”, explicar la abogada Esther Lora, quien afirma que hay situaciones incluso de acoso por parte de los propios vecinos. “Cuando se trata de inquilinos extranjeros por ejemplo, hemos visto casos en los que se les hostiga en la comunidad, pero como los insultos están despenalizados la coacción es difícil de demostrar”, añade la letrada penalista y representantes de SOS Racismo en Vigo, quien añade la discriminación inmobiliaria como otro tipo de situación que sufren determinados colectivos “a los que se les impide acceder a un alquiler por el simple hecho de proceder de determinados países”.

Las formas detectadas de acoso son muy variadas. Además de la negativa a realizar obras de mantenimiento en la vivienda por parte de los propietarios (no solo personas físicas sino bancos o fondos buitres), se encuentran la de causar daños, negarse a cobrar el alquiler para iniciar una demanda de desahucio o imponer cobros no pactados así como llegar a arrendar inmuebles colindantes a personas molestas.

“La situación de los vecinos de la Privada Moderna es un caso de manual”

Las siete familias que resisten en las viviendas de la rúa Privada Moderna y que mantienen una lucha abierta contra la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) son un “ejemplo de manual de lo que es acoso inmobiliario”. Así lo asegura su abogado, Fernando González. La entidad se hizo con la propiedad de esta urbanización centenaria, situada en O Calvario, en 2012. En las 42 viviendas residían inquilinos de renta antigua y vitalicia que hasta entonces no habían tenido problema alguno con los propietarios.

Pero la llegada del llamado banco malo, que incorporó esta urbanización tras la quiebra de la inmobiliaria, lo cambio todo. Los vecinos relataban cómo de la noche a la mañana llegaron tirando tabiques, causando daños y obligando al desalojo de los vecinos, e incluso iniciando un procedimiento de declaración de ruina ante el Concello, que fue rechazado. Muchos optaron por irse, ante tal hostigamiento, pero otros resisten en una batalla judicial de “David contra Goliat”. El letrado asegura que “el problema es la medida cautelar”, en referencia a la suspensión conseguida por la Sareb para realizar las obras de conservación en las viviendas. “Otra cosa diferente son las obras urgentes que sigue sin hacer pese a estar obligada y a que el Concello le impuso multas coercitivas”, señala. A juicio de González, “está claro que la entidad lo que busca es que los inmuebles acaben en ruina por el deterioro sin mantenimiento”, de ahí que sigan luchando porque el Concello acometa las obras de forma subsidiaria para después pasarle la factura a la Sareb.

De un local con filtraciones a un “buzoneo” exigiendo pagos

La complejidad a la hora de poder demostrar una situación de acoso inmobiliario hace que, aunque aumenten las denuncias, muchas de ellas acaban archivándose en los juzgados.

Dos de los últimos casos que pasaron por Instrucción en Vigo y que acabaron en sobreseimiento fueron investigados como mobbing. En uno de ellos, una viguesa denunciaba que se le estaba privando del uso de su local. Añadía que se habían realizado peforaciones en el forjado permitiendo el pase del agua que producía daños en el local, y cuya autoría desconocía aunque aseguraba eque el acceso al lugar solo lo tenían la coheredera del inmueble y la empresa constructora. El juzgado entendió que no se le privó del establecimiento, situado en un edificio en desuso de hace más de 20 años, en ruina y con orden de derribo, por lo que tampoco entendió que se produjera un delito de daños.

Un inquilino también había denunciado sufrir acoso por parte del propietario de la vivenda que le efectuaba requerimientos de pago del alquiler y recibos dejándolos a la vista en el buzón. El juzgado entendió que no había circunstancia de entidad para calificar los hechos de actuación delictiva.