El juez ratifica que el suelo del antiguo juzgado es del Concello

La plaza 2 de la sección Contencioso-Administrativa del Tribunal de Instancia de Vigo dictó sentencia sobre el recurso interpuesto por la Xunta ante la suspensión, por parte del Concello, de la licencia urbanística para reformar los antiguos juzgados y construir un centro de asociacionismo. El juez da la razón al Concello en la mayor parte de sus argumentaciones a lo largo de once páginas y desestima dicho recurso en primera instancia, ratificando la suspensión de la licencia. Con todo, el magistrado evitó pronunciarse ante la propiedad del edificio -no así del suelo, sobre el que "no cabe debate" que es municipal- señalando que el orden competente para dirimir esta cuestión "es el civil".

A lo largo de la sentencia, el juez señala que la propia demanda del Gobierno autonómico parte con un "problema", ya que mientras la Xunta argumenta en el escrito presentado que el Concello reconocía que el edificio era de propiedad autonómica, "la propia resolución impugnada apunta expresamente que pertenece al Concello de Vigo", por lo que "la demandada no ha reconocido que la titularidad de lo edificado en este suelo municipal sea autonómica".

El juez comparte la tesis municipal en cuanto a la decisión de suspender la licencia amparándose en que la cesión hecha al Estado -que luego se subrogó a la Xunta cuando asumió las competencias judiciales- "lleva aparejada para el cesionario la obligación de destinar los bienes al fin expresado", de acuerdo con la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, por lo que una vez se movió la sede judicial el Concello incoó un expediente -a día de hoy con resolución firme- para que se pusiera a su disposición. Además, niega que el Gobierno autonómico pueda arrogarse la titularidad del edificio ya que "en ningún momento ni el Estado ni la Xunta tuvo título susceptible de acceso al Registro de la propiedad sobre el mismo".

Por lo tanto, como tampoco se conocen los “términos exactos” de la cesión hecha en primer lugar al Ministerio de Justicia, el magistrado del contencioso-administrativo nº2 de Vigo ve “adecuada al Derecho” la suspensión de la licencia, pero no puede sentenciar quién es el propietario del inmueble, hecho que tendrá que dirimir la jurisdicción civil.

Ortiz: “Fue un acto de mala fe del Concello”

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, mostró su disgusto por el fallo judicial en un audio remitido a los medios apuntando que "respetamos las decisiones judiciales, pero consideramos que la sentencia, lo que está diciendo en la práctica es que cualquier administración puede bloquear un proyecto público alegando dudas sin que exista una decisión firme sobre la propiedad". Ortiz insistió en que la anulación de la licencia fue un acto "de mala fe" por parte del gobierno local que "supuso privar a los vecinos de una infraestructura necesaria y de una inversión de 20 millones de euros".

El edificio de calle Lalín se encuentra actualmente en ruinas, ya que los operarios hicieron todo tipo de catas al comenzar los trabajos de rehabilitación, pero al comenzar el litigio dejaron todo sin tapar y desde entonces –hace ya más de un año– no se ha hecno ningún trabajo de mantenimiento, ni siquiera en el archivo judicial que sigue instalado en el inmueble.