El Contencioso desestima el recurso de la Xunta sobre los antiguos juzgados de Vigo

La plaza 2 de la sección Contencioso-Administrativa del Tribunal de Instancia de Vigo dictó sentencia sobre el recurso interpuesto por la Xunta ante la suspensión, por parte del Concello, de la licencia urbanística para reformar los antiguos juzgados y construir un centro de asociacionismo. El juez da la razón al Concello en la mayor parte de sus argumentaciones a lo largo de once páginas y desestima dicho recurso en primera instancia, ratificando la suspensión de la licencia. Con todo, el magistrado evitó pronunciarse ante la propiedad del edificio -no así del suelo, sobre el que "no cabe debate" que es municipal- señalando que el orden competente para dirimir esta cuestión "es el civil".

A lo largo de la sentencia, el juez señala que la propia demanda del Gobierno autonómico parte con un "problema", ya que mientras la Xunta argumenta en el escrito presentado que el Concello reconocía que el edificio era de propiedad autonómica, "la propia resolución impugnada apunta expresamente que pertenece al Concello de Vigo", por lo que "la demandada no ha reconocido que la titularidad de lo edificado en este suelo municipal sea autonómica".

El juez comparte la tesis municipal en cuanto a la adecuación a Derecho de la suspensión de la licencia amparándose en que la cesión hecha al Estado -que luego se subrogó a la Xunta cuando asumió las competencias judiciales- "lleva aparejada para el cesionario la obligación de destinar los bienes al fin expresado", de acuerdo con la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, por lo que una vez se movió la sede judicial el Concello incoó un expediente -a día de hoy con resolución firme- para que se pusiera a su disposición. Además, niega que el Gobierno autonómico pueda arrogarse la titularidad del edificio ya que "en ningún momento ni el Estado ni la Xunta tuvo título susceptible de acceso al Registro de la propiedad sobre el mismo".

Así, aunque el fallo reconoce que el Concello actuó conforme a Derecho a la hora de suspender la licencia para construir el centro de asociacionismo, el juez de lo contencioso no ve posible "emitir un juicio sobre la titularidad del inmueble", ya que ni el Gobierno gallego cuenta con título de acceso al Registro de la propiedad ni se conocen los "términos exactos" en los que se realizó la cesión al Ministerio de Justicia en primer lugar, por lo que será la jurisdicción civil la encargada de resolver esta situación.

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, mostró su disgusto por el fallo judicial en un audio remitido a los medios apuntando que "respetamos las decisiones judiciales, pero consideramos que la sentencia, lo que está diciendo en la práctica es que cualquier administración puede bloquear un proyecto público alegando dudas sin que exista una decisión firme sobre la propiedad". Ortiz insistió en que la anulación de la licencia fue un acto "de mala fe" por parte del gobierno local que "supuso privar a los vecinos de una infraestructura necesaria y de una inversión de 20 millones de euros".