El Concello vigués paraliza la reforma de la Xunta de los antiguos juzgados

La transformación del último edificio judicial que queda en pie en la calle Lalín, el del Registro Civil, tendrá que esperar. La Gerencia de Urbanismo suspendió la licencia concedida a la Xunta de Galicia para el inicio de las obras de lo que será el futuro centro de asociacionismo.

Según informó la concejala de Urbanismo, María Xosé Caride, la decisión, que calificó de medida cautelar temporal, se adoptó después de que se tuviera conocimiento de que el inmueble en el que se sitúa el edificio es de propiedad municipal y así está inscrito en el Registro de la Propiedad. 

En noviembre del año pasado, el Concello autorizó a la Xunta a realizar las obras de reforma integral y ampliación en los antiguos juzgados de la calle Lalín, con una inversión de ejecución de 8,4 millones de euros. Dicha concesión se otorgó sin prejuzgar la titularidad del inmueble ni los derechos de propiedad, conforme al principio general recogido en la normativa. Fue con posterioridad cuando se detectó que estaba inscrita a nombre del Concello “sin que conste otro título de la Administración Autonómica distinto del traspaso general de competencias de la Administración del Estado en materia de justicia a la Comunidad Autónoma de Galicia”, sostiene el informe de Urbanismo, que añade que “la ejecución de las obras en un inmueble cuya propiedad no consta que sea de la Administración Autonómica y su uso sea distinto para fines no contemplados en los acuerdos de puesta a disposición del Ministerio de Justicia podría suponer un perjuicio para el interés público municipal y general responsabilidad administrativas y legales”.

Es por ello que Caride afirmó que se mantendrá un plazo de suspensión hasta que se determine en derecho la propiedad de la edificación “para proteger el bien público y la legalidad”. 

Por su parte, la Xunta de Galicia, que tiene diez días para presentar alegaciones, asegura que el edificio de los juzgados fue transferido por el Estado en propiedad sin vinculación de destino y que “tanto la parcela como el edificio fue dado de alta en el Inventario Xeral de Bens y Dereitos da Comunidad Autónoma sin condicionamiento de ningún tipo con base en el real decreto de transferencias”, afirmando que se dio de alta en el catastro y se pagó el IBI en 2024. 

El conselleiro de Xustiza culpó directamente a Abel Caballero de poner “trabas siempre que la Xunta quiere invertir en Vigo”.