El Concello trata de blindar el PGOM ante otra ola de recursos

El Concello busca blindar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) en los tribunales. Para ello, acaba de adjudicar un contrato externo para reforzar su defensa jurídica ante la creciente oleada de recursos presentados contra el Plan, en vigor desde hace menos de un año, y que ya acumula decenas de impugnaciones.

La decisión se produce en un contexto de presión judicial sostenida. En los últimos días se registró una nueva ola de recursos promovidos tanto por empresas como por particulares, según recoge el Diario Oficial de Galicia con los anuncios de la solicitud de documentación para los mismos. Todos ellos se encuentran todavía en una fase inicial de tramitación y su recorrido será largo.

El antecedente del anterior planeamiento pesa sobre la estrategia municipal. El PGOM aprobado en 2008 fue anulado por el Tribunal Supremo tras siete años de litigios, lo que obligó a reiniciar el proceso urbanístico. Con el nuevo plan, el gobierno local busca evitar un desenlace similar y reforzar su posición jurídica desde las primeras fases de los procedimientos.

Para hacer frente a este escenario, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha contratado un servicio de asistencia, asesoramiento y defensa letrada que complementará el trabajo de la asesoría jurídica municipal. El objetivo es reforzar la capacidad del Concello para responder a las reclamaciones vinculadas al nuevo planeamiento urbanístico.

El contrato ha sido adjudicado a la firma internacional Andersen Tax Legal, tras un proceso de licitación en el que también concurrieron otros despachos, entre ellos algunos con implantación en la ciudad como Garrigues y PwC. La empresa resultó la mejor valorada por la mesa de contratación y será la encargada de asumir la defensa en los procedimientos judiciales que se deriven del PGOM, así como de elaborar informes y prestar apoyo jurídico especializado.

Un contrato de asesoramiento de hasta 317.000 euros

El acuerdo tiene un importe máximo de algo más de 317.000 euros, incluyendo impuestos, y contempla distintos tipos de actuaciones en función de la complejidad de los casos y de la fase judicial en la que se encuentren. El servicio se prestará a demanda, en función de las necesidades que vaya generando la litigiosidad del plan. El contrato establece distintos precios según el tipo de actuación y la complejidad de los casos, tanto en primera instancia como en recursos de casación, así como para la elaboración de informes. En varios de estos servicios se contempla además un “bonus” de éxito que incrementa la cuantía si el resultado es favorable para el Concello.

El gobierno local justifica esta contratación en la necesidad de contar con apoyo especializado ante el elevado número de recursos ya presentados y los que puedan llegar en los próximos meses, en un proceso que se prolongará en el tiempo.