El Concello prestó en junio 988 ayudas al hogar en Vigo

El Servicio de Ayuda no Fogar (SAF) realizado por el Concello llegó a casi mil personas en el mes de junio. El alcalde, Abel Caballero, se mostró satisfecho por la red creada para hacer más fácil la vida a personas con dependencia, que tuvo ayer su pequeño ‘fin de fiesta’ con un evento celebrado en el hotel Pazo los Escudos. El regidor destacó la gran apuesta económica por este servicio, al que destina el Concello 15,5 millones de euros anuales y con un contrato firmado hasta 2028 de 47,8 millones. Un aumento de 4,5 millones respecto al anterior acuerdo firmado. “En junio hemos atendido a 988 personas en sus domicilios. Usuarios que tienen la autonomía limitada o que se encuentran en riesgo social”, aseguró Caballero en un audio remitido a los medios de comunicación.

La gran cantidad de usuarios son mujeres, de entre 80 y 90 años. Concretamente, el 76,7%. El 59% de las personas que reciben esta ayuda en su hogar cuenta con un reconocimiento de gran dependencia y el 35% son dependencias severas.

Estas prestaciones están dirigidas, fundamentalmente, a personas con algún grado reconocido de dependencia y sin nadie que los pueda atender presencialmente en su hogar, familias en riesgo de exclusión social que necesiten ayuda en sus viviendas y personas con discapacidad a la que la ayuda a domicilio podría ser beneficiosa para su independencia.

El regidor criticó la demora de la Xunta a la hora de hacer los pagos en la prestación de servicios, siendo ellos quien cuenta con la gestión directa de los servicios sociales (la dependencia se reparte entre Estado, Autonomía y municipio). “Estamos en el mes de julio y todavía no nos han pagado el precio actualizado al año 2026”, aseguró el regidor. Según el Concello, la institución autonómica debería alcanzar los 16 euros la hora del servicio, frente a los 12 euros recibido el año pasado.

Aseguró que el coste real de cada hora asciende a 23,64 euros y exige a la Xunta el asumir el 100% del coste del servicio tras recibir una aportación económica de 270 millones de euros del Estado, dentro de un plan de choque a la dependencia aprobado la semana pasada.