El Concello mantendrá parada la urbanización de Cabo Estai

El Concello mantendrá paralizadas las obras de la urbanización de Cabo Estai para seis viviendas unifamiliares en el número 96 de la calle Cominges hasta que los tribunales resuelvan sobe su legalidad. Lo hará incluso tras haber recibido el visto bueno de una resolución de la Xunta, que autoriza las modificaciones establecidas durante la ejecución de la obra del vial previo a la construcción de las viviendas y no cuestiona su legalidad.

El documento, firmado por la jefa del servicio de Urbanismo de la Xefatura Territorial de la provincia, autoriza la realización de obras para la construcción de un cierre y la “legalización de las modificaciones realizadas” en relación con la ejecución del vial desde la calle Arquitecto Antonio Cominges hasta casi llegar al propio mar, donde finaliza con unas escaleras hacia las rocas de la costa.

A pesar de todo, desde el Concello avanzan que por el momento no retomarán las obras, que llevan paradas desde el pasado verano tras la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de Vigo por la asociación de vecinos de San Miguel de Oia contra la urbanización en marcha.

Esta resolución de la Xunta choca con la emitida hace tan solo unos días por el secretario del pleno del propio Concello, José Riesgo Boluda, ratificándose en su anterior escrito y manteniendo que no se pueden conceder licencias para construir varios chalés en la zona al no adecuarse a la legalidad. Esa es también la postura de los vecinos, que llevan meses oponiéndose a la promoción al entender que destruye el entorno y que se basa en la cesión de un camino al Concello que cuenta con propietarios.

El secretario municipal, entre otros muchos argumentos, alegó que aunque en alguna manzana cercana a las parcelas donde se pretende construir existan edificaciones que responden a la tipología constructiva de vivienda unifamiliar, “no es razón suficiente”. Añade que resulta difícil acreditar la conveniencia de la transformación y el interés público de la misma “como corrobora el hecho de que en el Plan General aprobado inicialmente contempla para dicho espacio una nueva clasificación urbanística y una diferente ordenación que excluye la componente edificadora”.