El Concello lleva a sus servicios jurídicos el fallo de los parkings

El Concello ya ha trasladado la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló los acuerdos del Ayuntamiento en base a los cuales adjudicó, en 2007 (siendo todavía alcaldesa Corina Porro), el lote 1 del contrato de gestión del servicio público de aparcamientos subterráneos de uso mixto a la UTE integrada por la empresa Eloymar y Tranvías Eléctricos al entender que su oferta tenía que haber sido rechazada porque el tamaño de las plazas es menor al recogido en la licitación.

“Los servicios jurídicos están estudiando la sentencia desde esta mañana”, aseguró ayer el alcalde, tras explicar que el fallo se recibió el viernes a última hora de la jornada de estos funcionarios. Con todo, el alcalde no avanzó la posición que tomará el Ayuntamiento al respecto. “Tan pronto tenga una primera opinión del servicio responsable tomaremos la decisión de qué hacer”, aseguró el regidor, que añadió que “yo no tomo ninguna decisión jurídica desde el ámbito político, son decisiones que tienen que ser tomadas por los técnicos”.

La sentencia, pese a su contundencia, no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que dejaría la aplicación del fallo en suspenso. El Concello podría optar por recurrir la decisión para tratar de que se mantenga las actuales decisiones u optar por otras alternativas como remunicipalizar estos espacios. La sentencia afecta a las concesiones de los parkings de aparcamientos de Pintor Colmeiro, Areal y Policarpo Sanz.

Precisamente, el alcalde ya había planteado en otras ocasiones aprovechar este último aparcamiento subterráneo para prolongar el túnel de Porta do Sol para llevar el tráfico directamente hasta la zona de García Barbón y Alfonso XIII para ampliar esta peatonalización del centro de la ciudad. Con todo, al ser preguntado por los periodistas al respecto, el regidor no avanzó ninguna posición. “No trabajo nunca sobre hipótesis, prefiero hacerlo sobre hechos, cuando tenga el informe de los servicios jurídicos ya informaré”, zanjó. El TSXG declaró la exclusión de la licitadora que resultó adjudicataria (la UTE de Eloymar y Tranvías), pero no ordenó retrotraer actuación alguna, de modo que advierte en la resolución que “será la Corporación local la que decida la mejor manera de prestar el servicio público que declaró en el año 2005”. Es decir, será el gobierno local el que tomará la decisión de revocar la adjudicación, recurrir la sentencia o reiniciar el concurso.