El Concello licita la construcción de 27 viviendas de alquiler social

El Concello anunció ayer la licitación de un contrato para la construcción y gestión de las 27 viviendas protegidas en régimen de alquiler a precio tasado en la zona de Esturáns anunciadas hace ya dos años. Según informó el alcalde Abel Caballero, la Gerencia de Urbanismo aprobará la próxima semana el pliego de condiciones técnicas y administrativas que regirá el proceso.

El contrato contemplará la concesión de un derecho de superficie durante 50 años a una empresa o cooperativa adjudicataria. Esta entidad deberá encargarse tanto de la construcción del edificio, de acuerdo con un proyecto básico ya redactado, como de la gestión del arrendamiento de las viviendas durante ese periodo.

El Concello cederá gratuitamente el suelo con el objetivo de reducir los costes de edificación y, en consecuencia, abaratar los precios. Según afirmó Caballero, el objetivo es “que el alquiler sea lo más bajo posible”. Una vez finalizado el periodo de explotación, el edificio pasará a ser propiedad municipal. La urbanización de esta área en Esturáns incluye un nuevo vial y ya tiene dotaciones en servicios de saneamiento, pluviales e iluminación. El alcalde reivindicó esta actuación de cara a favorecer el acceso a la vivienda a la ciudad y criticó que “desde el año 2009 no construyó en Vigo ni una sola vivienda de alquiler social”.

La iniciativa había recibido una financiación de 1,2 millones de euros procedentes de fondos europeos del Plan de Recuperación Next Generation, dentro del programa de ayudas a la construcción de viviendas en alquiler social y energéticamente eficientes, pero desde el Partido Popular de Vigo, su presidenta, Luisa Sánchez, criticó la gestión del proyecto por parte del alcalde en este sentido. La representante del PP advirtió de que la obra podría no estar finalizada en plazo. Según señaló, el contrato aún no fue licitado y el proyecto requiere una ejecución de 16 meses, mientras que los fondos exigen que las viviendas estén terminadas antes de junio de 2026. En caso de incumplirse el plazo, afirmó que el Concello podría perder la financiación europea y tener que asumir el coste con recursos municipales.

Desde el Concello lo desmintieron en un comunicado asegurando que el procedimiento contempla que una vez finalizado el plazo, si las obras no estuvieran terminadas, se podría establecer una prórroga para la justificación de eses fondos.