El Concello encarga la defensa del PGOM ante 24 recursos

El primer paquete de recursos contra el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) ya tiene defensa jurídica asignada. El Concello encargó a la firma Andersen Tax & Legal Iberia la representación letrada en los 24 primeros procedimientos judiciales presentados contra el documento urbanístico, en el que supone el estreno del contrato marco adjudicado este año para reforzar la labor de la asesoría jurídica municipal.

La Gerencia de Urbanismo aprobó este primer encargo por un importe de 180.954,72 euros. El despacho asumirá la asistencia y defensa del Ayuntamiento en cada uno de los recursos hasta que finalice su tramitación judicial, aunque el acuerdo marco que da cobertura a estos trabajos tiene una duración de cuatro años.

La adjudicación se realiza de forma directa al tratarse del primer contrato derivado del acuerdo suscrito con Andersen, empresa que fue seleccionada tras el concurso convocado por el Concello para contar con apoyo jurídico especializado ante la elevada y compleja litigiosidad prevista en torno al nuevo planeamiento.

El gobierno local decidió recurrir a este servicio externo para reforzar su capacidad de respuesta ante las reclamaciones promovidas por empresas y particulares. El contrato complementa el trabajo de los servicios jurídicos municipales y contempla la defensa en procedimientos judiciales, la elaboración de informes y otras actuaciones relacionadas con el PGOM.

La estrategia municipal está marcada por la experiencia del anterior plan urbanístico. El PGOM aprobado en 2008 acabó siendo anulado por el Tribunal Supremo tras varios años de litigios, lo que obligó a reiniciar por completo la planificación urbanística de la ciudad.

Con el nuevo documento, en vigor desde el pasado año, el Concello pretende blindar desde el inicio su defensa en los tribunales. De hecho, antes incluso de esta primera adjudicación ya se habían registrado decenas de recursos contra el planeamiento. El contrato marco adjudicado a Andersen alcanza un valor máximo superior a los 317.000 euros y permitirá ir encargando nuevos expedientes conforme avancen o se presenten más procedimientos judiciales.