La comisión judicial de desahucios: “En Vigo, la mayoría no son como el de Maricarmen"

La crisis de la vivienda y el movimiento social que se ha generado en España a raíz del desahucio de Maricarmen en Madrid ha vuelto a poner el foco en los lanzamientos (ejecuciones de desalojo). En Vigo, los encargados de dichas ejecuciones, los funcionarios que componen la comisión judicial, aseguran no sentir presión porque “la gran mayoría de desahucios en la ciudad no son como el de Maricarmen, ni hay una gran inmobiliaria ni fondo buitre detrás y se llevan a cabo sin incidencias”.

La media de lanzamientos en lo que va de año se sitúa en cuatro a la semana, la mayoría por impago de alquiler. Fernando Varela, letrado judicial al frente de lo que hasta ahora se denominaba oficina de notificaciones (ahora servicios comunes procesales), encargada de los lanzamientos, señala que “la situación más habitual es que cuando acudimos a la vivienda esta ya esté vacía”. No obstante, sí se han llegado a paralizar desahucios por situaciones muy concretas de especial vulnerabilidad. “Cuando la orden de desahucio llega a esta oficina es porque el juez anteriormente ya ha revisado si hay situación de vulnerabilidad en los afectados. Nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar”, resalta el letrado judicial quien añade que “en algún caso muy concreto sí lo hemos suspendido al encontrarnos una situación extrema y hemos informado al juzgado”. Recuerda casos como el del asentamiento chabolista de O Caramuxo o más recientemente el de las infraviviendas junto a la Cidade da Xustiza. Este último se pospuso para dar una margen a la familia que residía allí de buscar un lugar donde dejar todas sus pertenencias. “No es un trabajo agradable pero tratamos de hacerlo de la forma menos perjudicial”, incide.

Habitualmente, la comisión judicial se compone de dos funcionarios de la oficina, un auxilio y un gestor, que acuden al lugar indicado con el dueño de inmueble o su procurador para recuperar la propiedad. En casos en los que la presión vecinal trata de frenar un lanzamiento, algo que sí ha llegado a pasar en Vigo, o hay negativa por parte de los demandados, “lo que se hace es avisar a la Policía y si con los medios que movilizan se considera que no es suficiente para garantizar la seguridad, se puede paralizar”.

Esta misma semana, una de las funcionarias tuvo que dar aviso a la Policía. “La persona que tenía que abandonar el inmueble había alquilado una habitación y se negaba a marcharse. Se puso algo nerviosa, pero finalmente todo se resolvió sin problemas”, explica la trabajadora judicial. El caso concreto es una muestra más de cómo la crisis de la vivienda está llevando a situaciones de todo tipo para suplir el déficit de alquileres y el precio de los mismos. El arrendatario, de forma ilegal, había subarrendado las habitaciones, cobrando a otros inquilinos mensualmente por utilizarlas.

El número de órdenes de desahucio ha ido en descenso en Vigo, con un 30% menos al inicio del año que en 2025.